En América Latina y el Caribe, unos 240.000 niños, niñas y adolescentes viven actualmente en instituciones, hogares u orfanatos. De ellos, se estima que el 10% es menor de tres años y unos 50.000 tienen alguna discapacidad. Una realidad intolerable que tiene como víctimas a los más vulnerables e indefensos de nuestras sociedades. Pero ¿por qué decimos no a que vivan en estas instituciones? ¿Estamos en contra de los orfanatos? ¿Acaso preferimos que haya niños en la calle? Evidentemente, no. Entonces, ¿por qué insistimos en que no existe ninguna razón objetiva para que continúe habiendo niños menores de tres años internados? ¿O que el encierro de niños, niñas y adolescentes para su “protección” es inadmisible?

En primer lugar, y al contrario de lo que se suele pensar, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados no son huérfanos, sino que tienen una familia y están internados fundamentalmente por razones de pobreza, en algunos países llegando al 80% del total. Por falta de otra opción, la respuesta de las autoridades frente a las dificultades que enfrentan las familias es el envío a una institución, mientras que lo que realmente respondería al interés superior del niño, lo que respeta su derecho a vivir en una familia y lo que, además, es más barato, es invertir esfuerzos y recursos para fortalecer y apoyar a esas familias, evitando en primer lugar la separación entre padres e hijos.

Por supuesto, esto no siempre es posible y hay casos en los que un niño o niña no puede seguir viviendo con sus padres o no los tiene. Aquí es cuando hablamos de cuidado alternativo para el que se abren ante nosotros una serie de opciones, desde el cuidado por parte de la familia extendida (abuelos, tíos, otros parientes), por parte de familias amigas no emparentadas con el niño, por parte de familias de acogida o adopción… y, finalmente, la institucionalización, que debe ser siempre el último recurso temporal, por el menor tiempo posible y revisable periódicamente. Hay que privilegiar siempre las opciones de base familiar y aquellas que ofrezcan una solución permanente.

Fuente: El País