Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron a conocer esta mañana la demanda administrativa por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, peculado y conflicto de intereses, interpuesta en el Órgano Interno de Control de la delegación Yucatán contra funcionarios públicos e integrantes del sindicato SNTISSSTE Sección XXXVI.
En rueda de prensa, María Teresa Puc Pool, Eduardo Madrazo Moreno y Genny Canto Herrera (los tres enfermeros especialistas de la Clínica Hospital Mérida Susulá del ISSSTE) presentaron a los medios de comunicación la demanda contra Martha Montemayor Curiel, subdelegada médica en Yucatán; Alejandro Ruíz Nicolín, subdelegado administrativo; María Eugenia Magdalena Sosa, secretaria técnica de escalafón, y Adriana Negrón, secretaria técnica de la Bolsa de Trabajo, todos ellos por parte del Instituto.
Por parte del sindicato SNTISSSTE Sección XXXVI demandaron a Reyes Martín Arceo Acevedo, dirigente; Janet Castilla López, secretaria de escalafón, y Julia Esther Chay Cárdenas, secretaria de bolsa de trabajo.
De acuerdo a María Teresa Puc Pool, los actos en los que incurrieron los servidores públicos son los siguientes: No agotar los recursos para que las plazas de escalafón se apliquen al personal más antiguo con el perfil necesario.
Asimismo, tener bases rezagadas en bolsa de trabajo más de un año y no aplicarlas a los aspirantes inscritos al momento de ser enviada la plaza a bolsa de trabajo.
De igual modo, poseer información confidencial de todos los listados de la bolsa de trabajo para beneficiar la inscripción de amigos y familiares directos.
Es el caso de Javier Alfonso Castillo Sosa, que ingresó a bolsa de trabajo el 19 de julio del 2021 en el listado con puesto de auxiliar de admisión siendo a su ingreso el único aspirante inscrito donde solo piden perfil de bachillerato, y se le otorgó plaza el 30 de noviembre del 2023.
Esta situación llama la atención porque se tenían otros listados con aspirantes con más de 10 años de antigüedad, lo que demuestra que ocultaron información privilegiada y la usaron a beneficio propio ya que Javier Castillo Sosa es hijo de la secretaria técnica de escalafón por instituto, María Magdalena Sosa Bojórquez.
Por todas estas agraviantes, más las que resulten de la auditoria solicitada, los trabajadores del Instituto hemos perdido la total confianza del actuar de los servidores públicos antes mencionados, indicó Puc Pool.
La enfermera explicó que estas irregularidades afectan a los empleados que se presentan a sus centros de trabajo para obtener el sustento de su familia, quitándoles su derecho a mejorar sus percepciones económicas.
También se reduce la posibilidad de mejorar las plantillas de trabajo, como en la Clínica Hospital Mérida, que a 6 años de su apertura sigue trabajando solo con el 50% de su plantilla, creando una sobrecarga laboral de sus empleados.
