Mérida, Yucatán. – Con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, la diputada María Esther Magadán Alonso presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado. Esta propuesta busca ampliar las facultades de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, así como de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para que puedan solicitar información más detallada sobre la fiscalización de los recursos públicos.
Magadán Alonso subrayó que la fiscalización no debe verse como un obstáculo para la función ejecutiva, sino como una herramienta de colaboración y corresponsabilidad entre los poderes. Destacó que, aunque en México se han dado avances importantes en el combate a la corrupción, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el fortalecimiento de los órganos internos de control, aún queda mucho por hacer.
«La corrupción sigue presente en el servicio público, y en el caso de Yucatán, es evidente que aún hay un camino largo por recorrer. Es fundamental fortalecer la transparencia y la fiscalización para garantizar el uso eficiente de los recursos y devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones», expresó la diputada.
Con esta iniciativa, se busca establecer mecanismos de supervisión más rigurosos que permitan detectar y prevenir irregularidades en la gestión pública. Asimismo, se pretende que los funcionarios que hagan uso indebido de los recursos sean investigados y sancionados conforme a la ley.
«La supervisión más estricta no solo contribuirá a una administración más eficiente y transparente, sino que también garantizará que cualquier falta administrativa o mal manejo de recursos sea castigado y que los bienes públicos sean utilizados para el beneficio de la sociedad», puntualizó.
De aprobarse, esta reforma fortalecerá la rendición de cuentas en Yucatán, promoviendo una cultura de integridad y responsabilidad en el ejercicio del servicio público.
