- El diputado del PRI presentó una iniciativa para que la ciudadanía pueda utilizar este mecanismo como corrección de la gestión pública cuando no responda a los intereses de la sociedad
Mérida, Yucatán, 10 de septiembre de 2025.- Al sostener que la democracia exige mecanismos para garantizar que la voz del pueblo se exprese de manera continua, directa, efectiva y permanente en los asuntos públicos, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa de ley sobre revocación de mandato, la cual permitirá que la ciudadanía decida si un funcionario público elegido por elección popular debe concluir anticipadamente su mandato.
Recalcó que se trata de un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas y hacer valer la soberanía del pueblo en una democracia genuina, pero sobre todo, servirá como corrección de la gestión pública cuando no responda a los intereses de la sociedad
Explicó que este mecanismo de democracia participativa adquirió rango constitucional en Yucatán desde el año 2019, estableciendo las bases generales para su procedencia, reconociéndolo como un derecho y obligación ciudadana, estableciendo que a partir del 1 de octubre de 2024 entraría en vigor la posibilidad de someter a revocación de mandato a todos los cargos de elección popular en el ámbito local, incluyendo al gobernador que esté en turno. Sin embargo, a más de cuatro años de dicha reforma, todavía existe un vacío normativo que se debe subsanar.
Recordó que Yucatán forma parte de las 12 entidades que no han legislado en materia de revocación de mandato, manteniéndose en rezago frente a otras que ya cuentan con legislación secundaria e incluso con leyes específicas que regulan esta figura.
“La democracia no se fortalece con discursos, sino con hechos concretos que garanticen derechos efectivos. El pueblo de Yucatán ya tiene reconocido en su Constitución el derecho a la revocación de mandato; lo que falta es que este Congreso cumpla con su deber de expedir la ley reglamentaria”, agregó Gaspar Quintal.
Dijo que si no se legisla en materia, se estaría negando la posibilidad de que la ciudadanía cuente con mecanismo efectivos e institucionales para decidir o no, la continuidad de quienes eligió por voto popular.
“Fortalecer la democracia participativa no es una opción, es una obligación constitucional, es la exigencia que la soberanía con base en nuestro estado; y sobre todo, asumir con responsabilidad el futuro de nuestro Estado”, finalizó.
