- La propuesta de Gaspar Quintal plantea tipificar como delito penal la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, estableciendo sanciones proporcionales al daño causado
Mérida, Yucatán, 18 de septiembre de 2025.- El diputado y presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó formalmente una iniciativa para tipificar como delito penal el no depositar los descuentos de las cuotas Isstey de las personas trabajadoras, ya que esta práctica representa un acto de corrupción y un golpe a sus derechos laborales.
Al hacer uso de la voz en la Tribuna del Congreso del Estado, el dirigente priísta recordó que esta conducta no se encuentra tipificada en nuestro Código Penal y ello abre la puerta a la impunidad.
“No basta con sanciones administrativas o resarcitorias. El daño que se causa es profundo y sostenido, y requiere que esta soberanía legisle con firmeza”, apuntó el priísta en el marco del análisis de la reforma a la Ley del Isstey.
Recalcó que en el pasado hemos visto casos en los que, a pesar de que se retienen puntualmente las cuotas a los trabajadores, éstas no llegan al Isstey, o peor aún, se desvían a fines ajenos a su destino legal.
Gaspar Quintal subrayó que se trata de acto de corrupción y un doble agravio: al trabajador, que pierde sus derechos, y a la institución, que se debilita financieramente.
“Esto es sumamente grave. No solo se trata de una irregularidad administrativa, sino de una verdadera retención indebida de recursos que no pertenecen a los entes públicos, sino a las y los trabajadores. Es un acto que lastima la confianza pública, que compromete la estabilidad financiera del Isstey, y que sobre todo vulnera los derechos de quienes trabajan en las instituciones públicas y a sus familias, quienes ven comprometido su acceso a la salud, a las pensiones, a los créditos y a todas las prestaciones que les corresponden por ley”, advirtió.
Gaspar Quintal explicó que su propuesta busca tipificar como delito la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, estableciendo sanciones proporcionales al daño causado, penas accesorias de inhabilitación y multas, así como un marco de responsabilidad claro dentro de los delitos por hechos de
corrupción.
Recalcó que su iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos de las y los trabajadores del Estado y los Municipios; fortalecer la viabilidad financiera del Isstey asegurando que los recursos lleguen a su destino; y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, demostrando que aquí no hay cabida para la corrupción ni la negligencia.
“Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en no
solo resarcir lo que la ley de 2022 hizo a trabajadores del
estado, sino de avanzar en la defensa de los derechos
laborales, de la justicia social y de la dignidad de quienes con
su trabajo diario sostienen al Estado”, declaró.
