Mérida, Yucatán.— El diputado Paco Rosas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda de Yucatán con el fin de regular los incrementos en las rentas y garantizar mayor certeza jurídica para arrendatarios y propietarios.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y un elemento clave para el bienestar social, por lo que es necesario establecer mecanismos que permitan equilibrar el mercado de alquiler en la entidad.
Explicó que, de acuerdo con las conclusiones del Foro de Desarrollo Urbano y Justicia: Derecho a la Ciudad de Bienestar, el déficit habitacional sigue siendo uno de los principales factores que profundizan la desigualdad social y limitan el desarrollo económico y humano en Yucatán.
En ese contexto, reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para atender la carencia de vivienda social, destacando el proyecto para construir más de 20 mil viviendas sociales en una primera etapa, dirigido a ampliar las oportunidades de acceso a un hogar digno.
No obstante, el diputado advirtió que actualmente existe un marcado contraste entre la amplia oferta de viviendas residenciales de alto valor y la realidad económica de la mayoría de la población trabajadora.
“El salario promedio de la clase trabajadora resulta insuficiente para cubrir el costo de la vivienda, especialmente ante el incremento constante de las rentas”, señaló.
Asimismo, afirmó que la falta de regulación clara en materia de arrendamientos ha provocado escenarios de incertidumbre para miles de inquilinos, quienes enfrentan aumentos arbitrarios en las rentas, desalojos injustificados o renegociaciones en condiciones desventajosas.
De acuerdo con el legislador, esta problemática impacta principalmente a los sectores más vulnerables, como familias de bajos ingresos, jóvenes que buscan independizarse, madres solteras y personas en situación de pobreza.
La iniciativa presentada propone establecer límites razonables a los incrementos anuales de las rentas, además de crear mecanismos de vigilancia, transparencia y equilibrio entre arrendadores y arrendatarios, con el objetivo de fortalecer un mercado inmobiliario más justo y competitivo.
Rosas señaló que diversos países europeos han implementado políticas similares que han permitido estabilizar el mercado del alquiler y evitar crisis habitacionales, al tiempo que brindan seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.
Finalmente, destacó que la propuesta busca generar un entorno de arrendamiento más justo y sostenible, que contribuya a la estabilidad de las familias y al desarrollo urbano ordenado en Yucatán.
“La vivienda no puede convertirse en un privilegio inaccesible, sino en un derecho real para todas y todos los ciudadanos”, concluyó.
Información y fotografía Rosy Ramírez
