Mérida, Yucatán, 7 de julio de 2026.- Con la implementación de mecanismos especializados, la profesionalización del personal y el fortalecimiento de la coordinación institucional, el Poder Judicial del Estado refuerza de manera permanente sus acciones para garantizar una justicia con perspectiva de derechos humanos, centrada en la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, aseveró el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alan Hernández Conde.
Al participar en la Segunda Sesión 2026 de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes A.C., Hernández Conde remarcó que entre los principales avances se encuentran la creación y consolidación de espacios especializados que permiten la participación protegida de mujeres, niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos judiciales, garantizando su derecho a ser escuchados en condiciones seguras y evitando su revictimización.
En este rubro, abundó, destacan la implementación de la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV), en materia penal, y el desarrollo de las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA), en materia familiar. Asimismo, resaltó la operación de las nueve salas de escucha especializadas, ubicadas en juzgados de Mérida, Umán y Tekax, que permiten la realización de entrevistas y audiencias adaptadas a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.
Durante el encuentro, realizado en la Universidad Anáhuac Mayab, el magistrado integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJ mencionó que el Poder Judicial del Estado también ha fortalecido la atención integral a víctimas mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de mejorar la coordinación interinstitucional y ofrecer respuestas más eficaces frente a la violencia de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, comentó que actualmente se encuentra en proceso de actualización el Protocolo de Actuación para la Emisión de Órdenes de Protección, aprobado en 2018.
Ante Elibenia Pineda Aguilar y Joao García Martínez, fundadora y presidente de la citada Mesa de Seguridad, respectivamente, así como autoridades estatales y municipales, representantes de la academia y de la sociedad civil, Hernández Conde explicó que dicha propuesta, que actualmente revisa el Consejo de la Judicatura, incorpora las disposiciones derivadas de la creación del Departamento de Atención a la Violencia de Género y tiene como propósito establecer criterios, lineamientos y procedimientos claros para la solicitud, tramitación, emisión, ejecución, seguimiento y evaluación de las órdenes de protección, favoreciendo una actuación judicial homogénea y especializada.
En ese sentido, el magistrado informó que, en lo que respecta a las órdenes de protección, durante el primer trimestre de 2026 se otorgaron 156, de las cuales 143 fueron para mujeres y 13 para hombres.
Al mismo tiempo, agregó, se ha impulsado la implementación de la Justicia Restaurativa Familiar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y se desarrolló un protocolo de Justicia Restaurativa mediante un equipo multidisciplinario.
Por lo que toca a la profesionalización judicial, Hernández Conde expuso que la institución desarrolla un amplio programa académico de capacitación permanente y especializada, dirigido al personal jurisdiccional y administrativo, convencida de que una atención sensible, profesional y basada en evidencia constituye un elemento esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
«Todas estas acciones reflejan el compromiso del Poder Judicial del Estado con la consolidación de una justicia especializada, restaurativa, accesible y con enfoque de derechos humanos, que coloca en el centro a las personas y garantiza una protección reforzada para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre las distintas instituciones que integran el sistema de justicia y constituyen una base sólida para continuar fortaleciendo el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la construcción de una sociedad más segura e incluyente», finalizó el magistrado.
Durante la sesión se presentaron avances en la atención de la salud mental en los entornos escolares, desde la educación básica hasta los modelos que se implementan en el nivel superior.
