Como es evidente, el COVID-19 no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.

Por eso, sería un absurdo insistir en aplicar ese mismo paradigma para enfrentar la actual crisis económica. Debemos dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo. Es indispensable desechar las recetas de siempre, propuestas por organismo financieros internacionales, supuestamente, orientadas a revertir las crisis recurrentes pero, que en los hechos, provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo urbano y lo rural y, a la postre, un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria. Así quedó demostrado, por desgracia, en varios países, como ocurrió en México a raíz de las privatizaciones a rajatabla y el rescate de las grandes fortunas que se selló con el Fobaproa (1998); otro tanto sucedió en Argentina, en donde el reciente intento de reimplantar el neoliberalismo se tradujo en una crisis económica brutal no muy distante de la bancarrota.

Es por ello que en México estamos construyendo, desde antes de la pandemia actual, y ahora con mayor intensidad, un nuevo modelo de país, con base en cinco principios fundamentales e indisolublemente relacionados entre sí: democracia, justicia,

honestidad, austeridad y bienestar. La nueva política económica se ha formulado a partir de esos principios.

1.    Democracia.

Como es natural, no puede excluirse la democracia de la economía. En esta materia, como en el resto de la vida pública, no puede haber “cratos” sin “demos”; poder sin pueblo. Por eso, la democracia implica, en primer lugar, el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico. Por ello, desde el 1 de diciembre del año antepasado hemos dejado en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo.

Democracia significa también respetar, como lo hemos venido haciendo, el principio de separación de poderes, el pacto federal y las atribuciones del municipio libre. Hemos gobernado respetando la soberanía del Legislativo y del Judicial y hemos procurado construir con los gobernadores de los estados relaciones de colaboración y diálogo, dejando de lado las diferencias políticas e ideológicas.

Pero más allá de la observancia del Estado de derecho y de las disposiciones constitucionales sobre las instituciones del poder público del país, estamos avanzando en la construcción de una democracia participativa en la que el poder político sea ejercido por el pueblo mismo. De ahí nuestro empeño en instituir la revocación de mandato y revocar los fueros e inmunidades de los servidores públicos. Más aun, consideramos que la sociedad debe participar de manera activa no solo en la decisión de los asuntos nacionales sino también en la administración de los recursos públicos, y gozar de libertad para ejercer en la forma que considere conveniente los que

se destinan a la mejoría de sus entornos inmediatos. Ello no solo robustece la cultura democrática del país sino que aligera al aparato gubernamental de oficinas y dependencias administrativas, reguladoras y fiscalizadoras que han hecho gala de ineficiencia, corrupción y desperdicio de recursos. Por eso hemos entregando directamente a las comunidades los presupuestos destinados a la construcción de caminos; a las asambleas escolares, el dinero para la mejora de las escuelas; por eso decidimos suprimir los controles burocráticos, las supervisiones y la demanda de garantías en la entrega de créditos. De esa manera estamos impulsando la creación de empleos y el fortalecimiento del consumo en la base de la pirámide social al tiempo que redistribuimos el poder gubernamental entre millones de personas y alentamos su responsabilidad cívica y su participación en los asuntos públicos.

2.    Justicia.

Nada justifica que la política económica solo sirva a una minoría. El artículo 25 de la Constitución de México establece: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”

Con fundamento en lo anterior, ahora existe una auténtica independencia del poder político con respecto al poder económico. En el pasado, los jefes de Estado del periodo neoliberal profesaban el mismo criterio que Porfirio Díaz —el gobernante dictatorial que impuso su dominio en México de 1876 a 1911—, según el cual, “la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más

eficaz que la oficial”. En ambos periodos, el porfirista y el neoliberal arraigó la creencia de que, por encima de todo, inclusive de la libertad, había que alcanzar el progreso material del país. Asimismo, se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos porque para impulsar el progreso era más eficiente la iniciativa privada; el ejercicio de gobierno, según los porfiristas y neoporfiristas, consistía en entregar concesiones, contratos y subvenciones a particulares, así como asegurar la confianza y buenos dividendos para banqueros e inversionistas, sobre todo, extranjeros.

Este criterio sirvió de base para la política económica que se aplicó en nuestro país durante los últimos cuarenta años; por eso, lo que se conoce como neoliberalismo es esencialmente, en el caso de México, neoporfirismo.

La lección que nos dejó tanto aquella como la más reciente política económica es que un modelo que solo beneficia a las minorías no produce bienestar general sino, al contrario, engendra miseria pública y violencia.

Por eso, nuestro plan de recuperación económica no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. La fórmula que estamos aplicando para remontar esta crisis transitoria, es la suma de cinco elementos básicos: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.

En la actualidad, economía y democracia van de la mano; la separación entre el poder económico y el poder político se está convirtiendo en una realidad; poco a poco nuestros adversarios

tendrán que entender que ningún grupo, por importante que sea, seguirá conspirando contra la paz social en beneficio propio. Nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo. El nuevo gobierno democrático garantiza las libertades; cada quien puede dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga y es libre de expresar sus puntos de vista. Pero obviamente todos tenemos que ceñirnos a la legalidad y a reglas claras; se pueden hacer negocios, pero sin influyentismo, corrupción o impunidad, el presupuesto es realmente público; se da preferencia a los pobres; se cuidan los recursos naturales; la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuyen con justicia, y no se permite que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos.

Hace apenas unas semanas, cuando estalló la crisis por el coronavirus, los representantes del sector empresarial de México, nos solicitaron, tanto de manera formal y pública como en audiencias privadas, una tregua en el pago de impuestos, entre otras cosas, supuestamente para beneficio de las pequeñas y medianas empresas; les respondimos que no sería de esa forma como enfrentaríamos la crisis, y también les expresamos que no habría rescates o subsidios para las grandes corporaciones y que no dejaríamos en estado de indefensión a la mayoría de los mexicanos; en otras palabras, que íbamos a rescatar primero a los pobres.

En consecuencia, deseo explicar este nuevo mecanismo de atención preferente a la población mayoritaria que, al mismo tiempo, nos permitirá sacar a flote la economía y remontar la crisis en beneficio de todos.

A diferencia del sofisma neoliberal, según el cual, “si llueve fuerte arriba gotea abajo” —como si la riqueza fuera permeable y

contagiosa—, ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso; es decir, el 55 por ciento del total de familias. Ahora nos hemos propuesto llegar a 25 millones de hogares, el 70 por ciento del total.

Aclaro tres cuestiones; primero que los de abajo, los de la base piramidal reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100 por ciento de las familias, en particular, a las comunidades indígenas; lo segundo es que en el 70 por ciento de la población preferente se contempla a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas públicas. En fin, este segmento de 25 millones de hogares, equivalente al 70 por ciento de la población, va desde los muy pobres hasta la clase media- media. Para ellos están dirigidas las pensiones de adultos mayores, aunque este programa es un derecho universal, es una recompensa a los que han contribuido en el desarrollo de México, sin importar si son ricos o pobres; no obstante, a los indígenas y afromexicanos se les otorga a partir de los 65 años y a los mestizos, a los 68 años también por razones de justicia. Además de este apoyo que beneficia a ocho millones de personas se entregan pensiones a todos los niños y niñas pobres con discapacidad; se apoya con once millones de becas en todos los niveles de escolaridad a estudiantes de familias de escasos recursos económicos; casi tres millones de campesinos reciben recursos económicos directos para sembrar y cultivar sus

tierras; lo mismo, 180 mil pescadores; un millón de jóvenes trabajan como aprendices en talleres y fábricas, y reciben un salario mínimo; se están entregando cuatro millones de créditos a personas y empresas familiares; asimismo, se están creando dos millones de empleos en la industria de la construcción edificando viviendas, caminos de concreto con uso intensivo de mano de obra, escuelas, unidades deportivas, mercados y con este propósito, entre otros, se construye el Tren Maya, se rehabilitan seis refinerías y se construye la de Dos Bocas; está en proceso de edificación el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, así como diversas carreteras, el proyecto de comunicación interoceánica en el Istmo de Tehuantepec, con ferrocarril y puertos; están en marcha, además, otras acciones en educación, salud, cultura y deporte.

No debo dejar de señalar que los recursos dispersados por medio de los programas sociales han sido unos de los factores que explican el éxito en la reducción de la movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas para mitigar los contagios de COVID-19. Sin minimizar la conciencia social y la solidaridad exhibidas por todos los sectores de la sociedad en esta crisis, es claro que millones de beneficiarios de esos programas han podido permanecer en sus viviendas porque disponen de un ingreso que les permite solventar al menos las necesidades más acuciantes.

Cabe mencionar que la mayoría de los apoyos dirigidos a la gente se entregan sin intermediarios; la dispersión de recursos está personalizada mediante tarjetas electrónicas y el dinero llega a cada beneficiario a través de los bancos desde la Tesorería de la Federación.

A partir de la pandemia del coronavirus decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente. En

este mes de mayo tenemos contemplado bajar recursos por alrededor de 120 mil millones de pesos, cantidad un poco mayor a la gran aportación que hicieran nuestros paisanos migrantes que, en el mes de abril, mandaron a sus familiares cuatro mil millones de dólares, esto es: 96 mil millones de pesos; estamos hablando de más de diez millones de envíos de 380 dólares en promedio.

Con esta inyección de recursos, rápida y directa a las familias se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello podremos reactivar pronto la economía.

También estamos persuadidos que un gobierno democrático, aun cuando por justicia debe darle preferencia a los más necesitados, tiene la obligación de procurar el bienestar de todas las personas; de modo que es necesario aclarar lo que estamos haciendo por el restante 30 por ciento de las familias que se ubican de la clase media alta hasta las personas de mayores ingresos en el país.

Por orden de importancia sostengo que el principal beneficio que estamos dando, con respeto y responsabilidad, a este sector de la población, es el construir la paz y la tranquilidad en México.

Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que vivir en paz. Todos los días desde las 6 de la mañana de lunes a viernes realizamos en Palacio Nacional reuniones del gabinete integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad, para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos que se cometen: homicidios, feminicidios, secuestros, asaltos, robos y otros agravios, así como violaciones a los derechos humanos. Pero lo más efectivo es precisamente lo que hacemos en el tema de atender las demandas de los más pobres y marginados, en el entendido que la paz es fruto de la justicia.

Se debe comprender que el país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Lo anterior es un imperativo ético, pero no solo eso, sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. Para tener una sociedad segura no hay nada mejor que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que ésta provoca. Por ello sostenemos que la solución de fondo, la más eficaz para vivir libres de miedos y temores, pasa por enfrentar el desempleo y la pobreza, por evitar la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.

Pero nuestro modelo no solo significa bienestar para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos también ofrece al 30 por ciento de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras. Señalo, de paso, que no se permite la corrupción ni la impunidad y que existe un auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos aumentado impuestos ni incrementado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Agrego que en los proyectos de extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y construcción de vías férreas, puertos, carreteras y otras obras y servicios públicos participan compañías, cuyos dueños son empresarios de alto nivel económico.

Con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, obtienen beneficios los sectores de mayores ingresos. Atendemos a los pobres por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Además de la experiencia propia, lean lo que sostenían Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906; “…cuando

el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad, y aun estos en pequeña escala… Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general.”

Abundando sobre los beneficios que reciben y podrán acrecentar las familias de mejores ingresos en el país, destaca el enorme campo de negocios que abre la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ya sabemos que este acuerdo se firmó hace 28 años y que su aprobación en esta nueva etapa comenzó en el gobierno anterior, pero a nosotros nos correspondió terminar el proceso de negociación, mejorar su contenido y nos tocará comenzar su aplicación, en un momento oportuno, por cierto, pues la vecindad con la economía más fuerte del mundo en las circunstancias actuales de recesión global nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos.

Es un hecho que el Tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación; hoy, precisamente, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, me informó que a pesar del coronavirus en el trimestre enero-marzo, la inversión foránea fue de 10 mil 334 millones de dólares; es decir, 1.7 por ciento superior a la registrada en el mismo trimestre del año pasado, de manera que, una vez iniciado el 1 de julio el Tratado entre México, Estados Unidos

y Canadá (T-MEC), se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos. Ello, además, de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país; debe tenerse en cuenta que actualmente trabajan en las plantas maquiladoras tres millones de obreros y que de ellos, un millón pertenece a la industria automotriz. Agréguese que estas cadenas productivas integradas a Estados Unidos y Canadá se fortalecerán por los reacomodos en el comercio mundial propiciados por el abierto enfrentamiento entre China y Estados Unidos. México es, pues, un país de oportunidades en el que sus habitantes de todas las clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad.

3.    Honestidad

Los tecnócratas nunca consideraron la “variable” de la corrupción, utilizando su propio término, como un obstáculo para el funcionamiento del modelo neoliberal. Esta materia nunca se impartió en las universidades donde se formaron quienes, al paso del tiempo, llegaron a ocupar las secretarías o ministerios de Hacienda o Economía en la mayor parte de los países del mundo. Puede ser que esta especialidad no resultara importante en otras naciones, pero en México era y sigue siendo una asignatura indispensable.

No se trata de un asunto retórico o propagandístico: es un hecho demostrable que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 37 años, sino también por el predominio en ese periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante años: nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la pequeña minoría que ha

lucrado con el influyentismo; esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y, por extensión, de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, cuando me piden que exprese en una frase cual es el plan de nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.

Además, la corrupción no solo se debe combatir por razones morales, sino también por la gran cantidad de recursos que se ahorran y liberan para el desarrollo y el bienestar del pueblo. En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros estamos optando por intensificar el combate a la corrupción. En el primer año de gobierno hemos logrado, entre otras medidas, eliminar la condonación de impuestos por influyentismo a grandes contribuyentes, reducir el robo de combustibles en 95 por ciento y establecer en la Constitución la tipificación de la corrupción como delito grave (pues no lo era), sin conceder al inculpado la posibilidad de obtener su libertad bajo fianza.

Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para delinquir y no pagar sus contribuciones y gozar de impunidad; es decir, mediante la fórmula de no permitir los fraudes fiscales, la hacienda pública se está fortaleciendo. Un dato: aún con la crisis por la pandemia del COVID-19, la recaudación del primero de enero al 15 de mayo fue de un billón 597 mil 097 millones de pesos; o sea, 4.9 por ciento superior en términos reales al mismo periodo del año pasado. Recordemos que en los dos últimos sexenios 165 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 348 mil 877 millones de pesos y, ahora, por el contrario, además de no existir este ofensivo privilegio, estamos cobrando deudas vencidas. En estos tiempos, hemos iniciado denuncias civiles y

penales contra 15 grandes corporaciones que en conjunto deben al erario 50 mil millones de pesos.

Esto es posible cuando se actúa con integridad. Por eso es imprescindible no permitir la corrupción al interior del gobierno para poder contar con autoridad moral y política. Por ejemplo, debemos seguir profundizando en ahorrar en el costo de construcción de obras y en la contratación de servicios. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo, en la construcción que realizan los ingenieros militares del aeropuerto civil de Santa Lucía, General Felipe Ángeles, en comparación con el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Esa obra, cancelada por decisión del pueblo, mantenía un costo estimado, sin considerar otras pérdidas, de más de 300 mil millones de pesos; en contraste, el aeropuerto General Felipe Ángeles se construirá con menos de 80 mil millones de pesos; es decir, una diferencia de 220 mil millones de pesos. Por añadidura, la nueva terminal aeroportuaria será inaugurada antes de lo que los impulsores de la obra en Texcoco tenían programado terminar la suya.

Asimismo, es necesario seguir ahorrando en adquisición de bienes e insumos que compra el gobierno a proveedores, como es el caso de medicinas, materiales de curación, equipos médicos, gas, gasolinas, diésel, carbón y papelería, manteniendo las prácticas de compras consolidadas y de la centralización de todas las adquisiciones en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La estrategia de combate a la corrupción nos puede significar ahorros por unos 100 mil millones de pesos adicionales a lo ya alcanzado, siempre y cuando no bajemos la guardia en el combate al robo de combustible o huachicol.

Se trata, pues, de convertir la honestidad en forma de vida y de gobierno: contrario a lo que sostenían los políticos del neoliberalismo de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, nosotros postulamos que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Es un gran tesoro, la virtud que nos está permitiendo disponer de recursos económicos para el desarrollo y combatir la infelicidad que por décadas ha sido impuesta a los pobres y desposeídos mediante las medidas “amargas pero necesarias” que han sido aplicadas con el verdadero propósito de favorecer a unos cuantos.

Un símbolo de los nuevos tiempos son los créditos a la palabra que se están entregando a mucha gente que los necesita y los apoyos que llegan directo a beneficiarios a partir de la confianza y de la responsabilidad de nuestro pueblo.

En fin, es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el desarrollo. Esta decisión fundamental del gobierno es moralmente indispensable y constituye una fuente adicional de ingresos para fortalecer la hacienda pública. Termino recordando lo que sostenía el general revolucionario Francisco J. Mújica cuando entregó el gobierno del Estado en Tabasco e informó que a pesar de haber recibido vacías las arcas públicas, en apenas un año construyó escuelas, caminos y otras obras, y todavía dejó en caja dinero, y él mismo se respondía afirmando que lo había logrado por “la simple moralidad” y gracias a “algunas pequeñas reformas”.

4.    Austeridad

La austeridad nuestra se inspira en el presidente Benito Juárez (1858-1867; 1867-1872), quien sostenía: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad

caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Desde el inicio de nuestro gobierno, antes del coronavirus, comenzaron a aplicarse medidas de austeridad profundas y contundentes. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual ha eliminado los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había servidores públicos con salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, mientras que los trabajadores de base recibían 8 mil pesos mensuales en promedio. Esto se terminó cuando se aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, más de 108 mil pesos mensuales, sin compensaciones, pues me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que recibía el expresidente Enrique Peña Nieto. Como es natural, ha habido resistencias de quienes abusan de los cargos y, en algunos casos, sobre todo en las instancias autónomas, se ha recurrido a juicios de amparo, pero, en lo general, la medida ha ido avanzando.

El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones improductivas, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito ni resultados. En apego al marco legal, el gobierno federal ha eliminado los despachos inútiles, ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico. Por ejemplo, todas las compras del gobierno, que equivalen a un billón de pesos, como ya lo expresamos, hoy se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El año pasado, el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes a proveedores del gobierno alcanzó la cifra de 200 mil millones de pesos.

También se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza y a la asignación perjudicial de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; por ejemplo, se cerraron 51 oficinas de, supuestamente, promoción del país, llamadas ProMéxico, que existían en las principales ciudades del mundo. Algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas ProAlemania, ProCanadá, ProFrancia, etcétera. De igual manera, se eliminó el pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos y la caja de ahorro especial para altos funcionarios; se suprimieron los presupuestos para fiestas y banquetes y los viajes sin sentido al extranjero. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado pueden disponer de vehículo y chofer; no hay asesores y solo se asignaron escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieren de medidas de seguridad.

Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, perteneciente al Ejército, que contaba con 8 mil elementos y manejaba flotillas de carros, camionetas blindadas, aviones y helicópteros; los miembros de esta corporación ganaban más y tenían mejores prestaciones que los soldados, marinos o policías. Pues bien, esta institución mantenida por décadas desapareció; sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para cuidar al pueblo. El actual presidente cuenta con una ayudantía de 15 civiles; y, como lo he dicho muchas veces, lo cuida la gente. Además, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

El presidente y todos los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. El lujoso avión presidencial se encuentra en proceso de subasta, así como 72 aeronaves más que estaban al servicio de altos funcionarios. Aunque parezca increíble, los anteriores gobernantes usaban aviones y helicópteros oficiales hasta para ir de compras o a jugar golf. Agrego que el Estado Mayor Presidencial manejó una partida presupuestal que preveía dos mil millones de pesos solo para gastos de operación; para colmo, esos recursos se consideraban “erogaciones para la seguridad nacional”, y esta excusa los eximía de la obligación de comprobar los gastos en lo específico y les permitía hacerlo bajo el rubro de estimaciones generales. Así, por ejemplo, los encargados de manejar estas partidas dejaron facturas en la contabilidad interna, según las cuales, en el último viaje del presidente Peña —efectuado el 30 de noviembre de 2018 rumbo a la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina— se erogaron 400 mil 152 pesos en la compra de agua de tocador; 205 mil 784 pesos en papel sanitario; 47 mil 258 pesos en

rastrillos; 16 mil 208 pesos en cortaúñas; 70 mil 435 pesos en gel fijador para el cabello, y siete millones de pesos en servicio de Internet. Para resumir, en 2018, último año del anterior gobierno, la Presidencia de la República manejó un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, en tanto que, en 2019, nosotros ejercimos 800 millones; es decir, menos de una cuarta parte. Esto ha sido, en los hechos, la austeridad republicana.

Termino esta explicación recalcando que todas las medidas de austeridad han quedado plasmadas en una ley de obediencia obligatoria aprobada por el Congreso de la Unión, en la cual se especifica, entre otras disposiciones, que ningún servidor público puede trabajar al término de su desempeño en el sector privado en asuntos relacionados con su anterior cargo, sino hasta trascurridos

diez años de haber dejado el puesto. Este ordenamiento surge para eliminar el vergonzoso proceder de muchos funcionarios del periodo neoliberal que, apenas abandonaban sus cargos, eran recompensados por las empresas o bancos a los que encubiertamente habían servido. Este es el caso de expresidentes de la República; de exsecretarios de Hacienda, de Energía, de Comunicaciones, de Economía y de Gobernación; de exdirectores de Pemex y la CFE, y de muchos otros que, sin ningún pudor, pasaron a ser empleados en empresas o bancos privatizados por ellos mismos o a los que ayudaron otorgándoles contratos o información privilegiada.

A partir de la crisis económica desatada por el coronavirus decidimos, como otra de las acciones para liberar fondos y no endeudar más al país, emitir un decreto de fecha 23 de abril del presente año, en el cual se establece lo siguiente:

De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas.

1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta Presidente.
2. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

1. Se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del Coronavirus.
2. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.
3. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios:
   1. Pensio´n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
   1. Pensio´n para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
   1. Sembrando Vida
   1. Programa de apoyo para el Bienestar de las Nin˜as y Nin˜os, Hijos de Madres Trabajadoras
   1. Becas para el Bienestar Benito Jua´rez
   1. Construccio´n de las 100 Universidades Pu´blicas
   1. La Escuela es Nuestra
   1. Jo´venes Construyendo el Futuro
   1. Tandas para el Bienestar 10.Banco del Bienestar

11.Atencio´n me´dica y medicamentos gratuitos 12.Produccio´n para el Bienestar

13.Precios de Garantia´ 14.Distribucio´n de fertilizantes 15.Apoyo a los pescadores 16.Guardia Nacional

1. Aeropuerto General Felipe A´ngeles
2. Producción petrolera 19.Rehabilitacio´n de las seis refinerias
3. Construccio´n de la refineria de Dos Bocas

• Generacio´n de energia hidroele´ctricas

ele´ctrica con la modernizacio´n de plantas e

• Mantenimiento y conservacio´n de carreteras 23.Caminos de mano de obra

24.Caminos rurales 25.Carreteras en construcción

26.Sistema aeroportuario de la Ciudad de Me´xico 27.Tren Interurbano Me´xico-Toluca 28.Terminacio´n de presas y canales

• Parque Ecolo´gico Lago de Texcoco
• Programa de Mejoramiento Urbano
• Programa Nacional de Reconstruccio´n
• Tren Maya
• Tren de Guadalajara
• Internet para Todos
• Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
• Zona libre de la Frontera Norte
• Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec
• Defensa de los derechos humanos.
• La SHCP dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.

No se podrá utilizar sin autorización de SCHP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.

• Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las secretarías de Marina y de Defensa Nacional.
• Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.
• La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán tres millones de créditos personales y a pequeñas empresas familiares, y se crearán dos millones de empleos, todo lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, el 70% de los hogares de la república, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país.
• Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo.
• Estas medidas aplican para todo el poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los Secretarios, Directores de dichos organismos.

Antes de terminar este apartado recuerdo que la austeridad no es un asunto administrativo sino de principios. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre; se acabó aquello de pedirle al pueblo apretarse el cinturón sin que antes lo haga el gobierno. Además, si se actúa de manera congruente se adquiere autoridad moral para pedir a todos los ciudadanos, sin excepción, un recto proceder.

Es más: si se aplica la austeridad como forma de gobierno, puede convocarse también a la colectividad a convertirla en una forma de vida; es pues, urgente empezar a convencer y persuadir, con el proverbio del poeta Salvador Díaz Mirón, que “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto.”

Imaginemos lo importante que sería en lo personal y colectivo que le bajáramos al consumismo, a las extravagancias y se disminuyera la frivolidad; que en vez de ser uno de los países donde más se compran productos de lujo pasáramos a ser, lo más pronto posible, uno de los pueblos más sobrios, con menos ostentación, derroche y, sobre todo, con menos desigualdad social.

5.    Bienestar

Otro elemento básico de nuestra política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad; el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población. Y preciso aun más el bienestar material y el bienestar del alma.

En el periodo neoliberal, los potentados con sus empleados y voceros elevaron el comercio y las finanzas a rango supremo y supeditaron todo lo demás: la política, la filosofía, la historia, la sociología, la cultura y otras actividades y disciplinas. En ese tiempo los técnicos se sentían científicos y sus fórmulas o recomendaciones eran mágicas e infalibles: “no había de otra”. Las llamadas reformas estructurales se impusieron a tabla rasa en casi todo el mundo.

Nunca se tomaron en cuenta las características propias de cada país, su realidad e idiosincrasia. Desde los centros de poder económico y financieros del planeta se definieron parámetros para evaluar a su manera y conveniencia el progreso de las naciones. En esa lógica, se desplazó del vocabulario económico el concepto desarrollo y se fue implantando como termino básico el del crecimiento. Lo más importante era el dato del llamado Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Como es lógico, este nivel de simplicidad obedecía al criterio dominante de hacer riqueza sin importar la forma en que ésta se acumulara y distribuyera entre las personas y en los sectores sociales. Ya hemos hablado de cómo se llegó a sostener la falacia de que si le iba bien a los de arriba necesariamente le iría bien a los de abajo, como si la riqueza fuera similar a la lluvia, que primero moja las copas de los árboles y después gotea y salpica a lo que está debajo de las ramas.

No obstante, a la sombra de ese sofisma se llevó a cabo a nivel mundial la más impúdica danza de los millones. Recuerdo que, en 2011, en una conferencia en la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, España, expuse:

No vengo a hablar de nuestra apasionante relación histórica, con sus excesos, bondades, malos y buenos momentos. Vengo a exponer mi punto de vista sobre lo que está aconteciendo en mi país y en el mundo.

El pueblo de México, como el de América y Europa, está padeciendo por una tremenda crisis producida, en lo fundamental, por  ese         disparate                   llamado    neoliberalismo. En esencia se trata de un sistema que ha permitido el engrandecimiento de pocos a costa del sufrimiento de muchos. Y si esto no fuese cierto, que alguien nos explique por qué en una época aciaga para la inmensa mayoría de nuestros pueblos, existe una pequeña minoría que no deja de acumular riquezas y poder como nunca se había visto en la historia de la humanidad.

Por ejemplo, en 1991, hace 20 años, la revista Forbes, que publica la lista de los hombres más ricos del mundo, hablaba de que 274 potentados poseían, cada uno, más de mil millones de dólares, pero este año la misma publicación registra que hay mil 210 personas que tienen más de mil millones de dólares. Y lo obsceno es que hace 20 años, los 274 magnates acumulaban en conjunto 483 mil millones de dólares y ahora los mil 210 poseen 4 billones 284 mil millones de dólares. Es decir, en dos décadas, la fortuna de esta élite mundial se elevó más de 10 veces.

Todo esto, al mismo tiempo que millones de seres humanos viven en la pobreza y en la angustia de no tener ni siquiera para lo más indispensable. Reitero: lo que prevalece en el mundo es un sistema en el cual la prosperidad de unos pocos se sustenta en la miseria de muchos. Aunque todavía no se termine de entender y de aceptar esta infame y amarga realidad. Por eso, es hora de iniciar la búsqueda de algo nuevo para alcanzar una convivencia social justa, humana y más igualitaria.

Agrego que de 2011 a la fecha se acumuló mucho más dinero en pocas manos. Este año, 2020, con datos de la misma revista Forbes, dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble. Si lo explicamos de otra forma, estas dos mil personas detentan una fortuna equivalente a 32 años del presupuesto federal de México.

Como es lógico, así no se puede garantizar el bienestar general ni hace valer la estabilidad de las naciones. Un modelo económico que solo apuesta al progreso material sin justicia se traduce en un proyecto político inviable y condenado al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales.

De modo que el mal del coronavirus vino también a recordarnos lo frágil y transitorio que resulta, al fin de cuentas, un modelo excluyente, sin dimensión democrática y social.

En el caso de nuestro país, la prueba más fehaciente del fracaso de la política neoliberal se advierte con claridad en lo sucedido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En ese tiempo fue cuando más se acumuló riqueza en pocas manos y la economía creció a una tasa promedio anual de 4 por ciento, como en ningún gobierno de 1983 a la fecha. Recuerdo que, en julio de 1988, éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. Sin embargo, y esa es la gran paradoja, ese fue el sexenio en el que más se incrementó la desigualdad en la historia moderna de México. Véase la gráfica adjunta elaborada con datos del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De modo que nada justifica seguir con la misma política económica y continuar manteniendo el término de crecimiento a secas como parámetro básico de medición del desarrollo nacional. Por eso decimos sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar; sí al progreso, pero con justicia porque progreso sin justicia es retroceso. En la nueva política económica al crecimiento debe añadirse el bienestar en la más amplia extensión de la palabra.

Es obvio que debe crearse riqueza porque no puede distribuirse lo inexistente, lo que no se tiene. Pero no puede afirmarse seriamente y con honestidad, que si se acumula capital en unas cuantas manos todos saldrán beneficiados como por contagio. Eso es una falacia como también lo es el pensar que el Estado no debe promover el desarrollo o no buscar la distribución del ingreso sino dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, pensando que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad.

Nosotros, por el contrario, sostenemos que el Estado debe tener como propósito principal la promoción del desarrollo para garantizar el bienestar del pueblo. Debemos reconocer —a contrapelo del dogma económico— que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población y que en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, la intervención del Estado resulta indispensable para la supervivencia de muchos.

Nuestra propuesta consiste, en suma, en establecer un Estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. El Estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos construyendo

tiene como objetivo la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social.

En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y pueden ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona y al colectivo, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.

En este contexto, es importante dar a conocer que se aprobó la reforma al artículo 4º constitucional para otorgar, por mandato legal, pensiones a todos los adultos mayores del país, así como a niñas y niños pobres con discapacidad; becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y garantía del derecho a la salud a todos los habitantes del país, con atención médica y medicamentos gratuitos. Es la reforma social más importante de los últimos tiempos.

Desde diciembre de 2018 el Gobierno Federal impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable, y que puede definirse así: queremos construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. La referencia a ese “abajo” social implica el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses

económicos, ignorados por los medios de información convencionales y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político; pero hace referencia también a la formidable reserva de la civilización mesoamericana contenida en su herencia cultural y social y que ha resistido 300 años de dominio colonial, luego otros cien años de guerras internas durante la República independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz. Lo nuestro, lo ya emprendido, es una construcción colectiva en la que hay sitio para la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones, idiomas, ocupaciones y oficios, edades, identidades y preferencias sexuales que confluyen en la población actual de México. No discrimina a nadie porque es, precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar en las decisiones nacionales mediante la manipulación política, la desinformación y la represión abierta.

Ya para terminar con este ensayo, destaco cuatro lecciones básicas, entre muchas otras que deben rescatarse de estos tiempos aciagos del coronavirus:

Primero, que ante todo deben garantizarse las libertades y el derecho a disentir. Es un timbre de orgullo poder expresar que estamos domando la pandemia sin autoritarismo. La gente se ha portado a la altura de las circunstancias y ha cumplido con responsabilidad y abnegación las medidas de inmovilidad, cuidado mutuo y sana distancia. Estamos haciendo realidad el apotegma de Juárez: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

En segundo lugar, ha quedado de manifiesto que la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país, y que

gracias a ello se ha podido cuidar en nuestras casas a la población más vulnerable frente al virus: la que padece de hipertensión, diabetes, obesidad y otros padecimientos; así como a los adultos mayores.

Tercero: Es indispensable revalorar la importancia que tiene la educación para la salud e impartirla en las escuelas y trasmitirla en la casa y a través de los medios de comunicación.

Es mejor prevenir que solo apostar a curar. Debe darse atención a los males endémicos que más muertes causan en el país. Desde luego, lo más humano y ético es luchar para que nadie fallezca, y menos por padecimientos curables. Pero cada año, desgraciadamente, de manera silenciosa, por las dos principales causas de mortalidad en el país, por las enfermedades cardiacas y la diabetes mellitus, pierden la vida alrededor de 250 mil personas; y aunque estas enfermedades son, en muchos casos, hereditarias, la mejor forma de evitarlas o controlarlas pasa por llevar una buena alimentación y practicar el ejercicio o el deporte en forma regular. Ya no puede seguirse ocultando el hecho de que el promedio mundial de consumo de bebidas azucaradas equivale a 25 litros por persona al año; en Estados Unidos a 100 litros; en México, a 150 litros y en el estado de Chiapas, al doble. De modo que urge una amplia campaña de orientación nutricional.

El regreso a la nueva normalidad debe ir acompañado de la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por nuestro gobierno y poner atención en todo aquello que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos para alcanzar una sociedad mejor.