- Igual se aprobó el dictamen de Movimiento Ciudadano para incrementar las penas a las personas que violen o abusen, y contagien de una enfermedad de transmisión sexual a la víctima
Mérida, Yucatán, 02 de julio de 2020.– Por unanimidad, se aprobó el dictamen que propuso la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, para realizar adiciones al Código de la Administración Pública y el Código Penal del Estado, que tiene como objetivo otorgar certeza jurídica a los cerrajeros de la entidad y evitar que tengan problemas legales durante la realización de su oficio.
Esta propuesta toma especial relevancia, ya que fue construida de la mano con los cerrajeros yucatecos, quienes expresaron que en el ejercicio de su trabajo, en ocasiones son confundidos con personas que entran a las casas o autos a robar. O bien, luego cumplir con su labor, corren el riesgo de ser detenidos por elementos policiacos.
La iniciativa fue presentada en septiembre del año pasado, en la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea.
El objetivo específico del producto legislativo, propone crear el Registro único de Prestadores de Servicios de Cerrajería, así como las sanciones por la portación de instrumentos de cerrajería sin autorización o para quien no de aviso a la autoridad correspondiente.
También se contempla disposiciones administrativas para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) se coordinen y establezcan normas y procedimientos para prestación eficaz del servicio de cerrajería.
La propuesta contempla sancionar con penas de prisión de 1 a 5 años y multas de hasta 500 UMAS para quien porte o posea sin fin lícito instrumentos de cerrajería con excepción de los inscritos en el Registro mencionado.
De la misma manera todo cerrajero deberá dar aviso a la autoridad competente y definir el horario, lugar, y servicio que ofrecerá, con el fin de evitar un posible hecho delictivo.
“Queremos que no hayan atropellos por parte de las autoridades, que sin previa indagatoria los inculpen de acciones que de buena fe prestan como parte de sus actividades, sin saber que lo que están haciendo es un delito” manifestó López Escoffié.
Dicho dictamen recién aprobado, será sometido a votación en una siguiente reunión plenaria extraordinaria para determinar si se convierte en ley.
