DIPUTADA MARÍA ESTER ALONZO exhorta al titular de la Secretaria de Educación Pública a implementar una estrategia integral urgente, para que todos los niños, niñas y adolescentes que no cuenten con acceso a internet, radio o televisión puedan ejercer su derecho a la educación

Nacional

Frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán ha implementado diversas acciones buscando dar continuidad a los procesos educativos de 30 millones de niños, niñas y adolescentes de diferentes grados escolares en nuestro país.

En el marco de la nueva normalidad, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará a las y los estudiantes a través de un esquema de clases a distancia impartidas a través de radio, televisión e internet como parte central del Programa Aprende en Casa II.

Al respecto la Diputada Federal María Ester Alonzo Morales, señaló que dentro de estos planes implementados por el Secretario de Educación, no se consideran las desigualdades existentes en México, como el que no todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con acceso a internet, televisión, radio o teléfono celular, lo que podría traducirse en un rezago educativo para los alumnos que no pueden adherirse a esta nueva modalidad, en específico los que viven en condiciones de pobreza o en zonas marginadas.

La Legisladora dijo que en México el 43.6 por ciento del total nacional no dispone de internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil; es decir, hay un millón 5,704 hogares con niños de entre 6 y 18 años que no cuentan con televisión, dos millones 724 mil 603 que no tienen computadora, laptop ni Tablet y, siete millones 891 mil 159 sin servicio de internet.

Destacó que alrededor del 16 por ciento de los hogares solo tienen televisión análoga; sin embargo, esto no les garantiza que los canales de televisión abierta, donde se transmiten las clases de la SEP, puedan verse, ya que la señal depende de las zonas; por lo que esta falta de infraestructura y recursos que hay en México podrían incrementar el rezago educativo.

Alonzo Morales, aseveró que el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación; correspondiendo al Estado la rectoría de la educación, la cual además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Para cumplir plenamente con esto, no sólo es necesario asegurar la escolaridad en la totalidad del territorio, sino implementar un sistema eficiente que garantice la calidad educativa.

Así mismo, indicó que los Artículos 2 y 72 de la Ley General de Educación establecen que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, para lo cual, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Como se puede observar, las deficiencias estructurales en el sistema educativo y la desigualdad social provocan que este plan para la contingencia sea insuficiente al aumentar la brecha de aprendizaje entre los estudiantes, por lo que presentó ante la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para Exhortar al Titular de la Secretaria de Educación Pública a implementar una estrategia integral urgente, para que todos los niños, niñas y adolescentes que no cuenten con acceso a internet, radio o televisión puedan ejercer su derecho a la educación, tal como lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Diputada Yucateca, mencionó que el derecho a la educación, debe ser universal y progresivo; el principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar una mayor y mejor garantía de los derechos humanos. Es decir, ninguna modificación o política puede retrasar avances previos generados; en tanto que, el principio de universalidad implica el reconocimiento de que los derechos humanos son de carácter prerrogativa.

El Programa Aprende en Casa II infringe estos principios, al no garantizar la universalidad del derecho a la educación porque no todos los hogares cuentan con acceso a internet, televisión o radio. Y el de progresividad, ya que el número de estudiantes que pueden tomar clases a distancia es menor a los que en su momento tomaban clases de manera presencial, finalizó.

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