- Entre otros puntos, propone el cambio de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con nuevas facultades.
Mérida, Yucatán, 8 de diciembre de 2020.- A fin de impulsar un mejor cuidado, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su atención integral, el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa de Ley de los Derechos de este sector de la población, la cual, de ser aprobada, contribuirá a garantizar el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.
Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, junto con la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), María Cristina Castillo Espinosa, y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano, entregó dicha propuesta, con la cual se promueven cambios trascendentales en la legislación sobre este tema.
La iniciativa, además de reconocer a esta parte de la población como sujeta de derecho y regular la competencia de las autoridades locales, conforme a lo establecido por la Ley General en la materia, marca un capítulo nuevo en la historia de Yucatán, al otorgar más y mejores atribuciones al órgano de protección, garantizando el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.
La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contribuirá a agilizar la restitución del derecho a una vida en familia y a generar sinergia con el Poder Judicial, pues la Procuraduría, a través de un acta circunstanciada, podrá tener la tutela cuando madre, padre o algún familiar no reclame la custodia.
“Con este avance, niñas, niños y adolescentes podrán ser integrados a una nueva red familiar de forma más ágil, garantizando en todo momento su derecho a una vida en familia”, aseguró el funcionario.
Asimismo, la propuesta plantea la posibilidad de abrir la puerta al modelo de familia de acogida, para brindar cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social del sector por un tiempo limitado, hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva, limitando la institucionalización.
En segundo lugar, se expone en el documento, se propone que la llamada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia pase a ser la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, organismo con autonomía técnica y de gestión, para garantizar la protección de estos derechos, coordinar los procesos de restitución de los mismos y seguir su evolución.
La nueva instancia también se encargará de supervisar y certificar a los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos y privados, así como a asociaciones que brinden acogimiento a niñas, niños y adolescentes bajo tutela, además de que se llevará un registro de cada uno de ellos.
Tappan Silveira indicó que otro cambio significativo será la transición del Consejo de Protección Integral al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán (Sipinnay).
“Este Sistema será auxiliar de la Procuraduría de Protección, en la transversalización de la política pública de infancia y adolescencia, al coordinar los esfuerzos y acciones de las instituciones públicas y del sector social que lo integren”, sostuvo el consejero Jurídico del Estado.
Dicha red también facilitará el involucramiento activo de este sector de la población en las acciones del Gobierno del Estado, pues se invitará permanentemente, a las sesiones del referido organismo, a cuatro representantes de la Red Estatal de Difusores Infantiles: una niña, un niño, una adolescente y un adolescente, quienes emitirán opiniones a tomar en cuenta, haciendo patente su derecho a la participación, detalló el funcionario estatal.
El Sipinnay también se fortalecerá con integrantes de los Institutos Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) y Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav).
“Cabe destacar que todos estos avances cuentan con el aval de la sociedad civil, pues en el Gobierno del Estado estamos convencidos de que es necesario escuchar todas las voces para poder impulsar mejores políticas públicas, en favor de las yucatecas y yucatecos”, puntualizó Tappan Silveira.
Por su parte, la titular del DIF Yucatán agregó que esta nueva Ley es el cimiento de todo lo que se continuará construyendo en la materia, “juntos, sumando esfuerzos entre el Gobierno y la sociedad civil, seguiremos generando las condiciones para que la niñez y adolescencia yucatecas tengan una mejor calidad de vida, y se genere igualdad de oportunidades para su crecimiento y desarrollo”, finalizó Castillo Espinosa.
