- • Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos lo avalan con 28 y 25 votos, respectivamente
- • Se envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que presiden las diputadas de Morena, Flora Tania Cruz Santos e Irma Juan Carlos, respectivamente, aprobaron el acuerdo por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena.
El documento fue avalado por 28 votos de la Comisión de Educación y 25 votos, de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; no hubo votos en contra ni abstenciones.
Establece la constitución del comité de orientación de los 68 pueblos indígenas de México y del pueblo afromexicano y señala que las iniciativas que tengan las Comisiones de Educación del Congreso de la Unión para dictamen se presentarán ante el Comité Orientador para que defina si las tomará en consideración total o parcialmente, o en su caso sean desechadas.
Asimismo, continuar el proceso de dictaminación que incluye, además de las etapas ordinarias de un proceso legislativo, las fases indicadas en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019 y establece un plazo de 120 días a partir de la aprobación por las juntas directivas de las comisiones unidas y se sujetará a los tiempos enmarcados, así como a las fechas que se señalan en el Programa de Consulta.
Destaca que la implementación y desarrollo de la fase consultiva estará a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya junta directiva estará facultada para resolver todos los aspectos surgidos durante dicho proceso consultivo y no previstos.
Asimismo, refiere que la Comisión de Educación estará a cargo de la elaboración del proyecto de iniciativa y de dictamen, lo que no limita la participación de las y los integrantes en las asambleas derivadas del proceso consultivo.
También se autoriza a estas comisiones unidas a solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva que dé indicaciones a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación de Comunicación Social para que en auxilio de ambas comisiones se hagan cargo de dar cumplimento en materia de transparencia y difusión al proceso de consulta, nombrando para tal efecto a un vínculo institucional que acompañe durante todo el proceso y tenga, para fines de información pública, un teléfono y correo electrónico institucional.
Estipula que se haga del conocimiento al Pleno de la LXV Legislatura y se envíe a la Gaceta Parlamentaria para su publicación durante cinco días hábiles consecutivos, y que los casos no previstos en el acuerdo serán resueltos por la mayoría de los integrantes de las comisiones unidas.
Una vez aprobado el acuerdo, se remitió copia a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios en cumplimiento de los incisos d) y e) del artículo tercero; cuarto, sexto y séptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se define el procedimiento para atender las resoluciones judiciales en las que se vincule a su cumplimiento a la Cámara de Diputados.
La diputada Irma Juan Carlos manifestó que se realizará un trabajo transparente para abonar al desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos, “comprometidos con las causas de las comunidades y conscientes de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios”.
Resaltó que las consultas estipuladas en el acuerdo “se hacen en el marco de una sentencia de la Suprema Corte” y que, de ahora en adelante, todas las iniciativas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán ser consultadas.
Reconoció que falta un presupuesto acorde a las necesidades de las 20 sedes en que se realizará la consulta con presencia de 68 pueblos indígenas del país. Señaló que los recursos se avalan en la Junta de Coordinación Política por lo que se requiere del apoyo de todos los grupos parlamentarios.
A su vez, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) dijo que ambas presidencias consideraron modificar el plazo de 90 días, que originalmente proponía el acuerdo, a 120 días, que permita un buen trabajo de dictaminación, pues es un proceso de consulta y de mucho trabajo que incluye diversos puntos.
Confió en que se realizará un buen trabajo, porque “hay grandes personas en ambas comisiones que sabremos cumplir con este mandato”.
Reconoció la experiencia previa en la realización de consultas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. “Estamos en buenas manos, con gente de experiencia en la realización de estas actividades”.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) indicó que la propuesta es necesaria y bien elaborada. Destacó la importancia de formar un grupo de redacción de siete personas que reciba y elabore la propuesta final, coordinado por las mesas directivas de las comisiones.
La diputada Anabey García Velasco (PAN) se pronunció por que sea un proceso “transparente, sin sesgos políticos y haya una verdadera inclusión de los pueblos originarios”, y que refleje que la prioridad son éstos y haya una integración de todos los puntos de vista, con apertura para que todos podamos ejercer el Poder Legislativo en bien de estas comunidades.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) resaltó la importancia de contar con 120 días para terminar el dictamen porque es un tema muy importante, considerando que la consulta es un derecho de pueblos indígenas y afromexicanos y se debe hacer con todas las formalidades de la ley, para darles ese respeto y garantizarles que manifiesten de manera libre su decisión.
El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena) indicó que se prevén 20 sedes para realizar los foros de consulta, lo que lleva a un tema de presupuesto, “y nos tendremos que encargar todos, no solo las presidentas, porque es una gestión que se deberá hacer”. Es un trabajo fuerte, pero consideró que las dos juntas directivas son muy amplias y aptas para elaborar la redacción.
La diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (Morena) confió en que las juntas directivas harán un trabajo adecuado, y que todo el proceso dejará un gran enriquecimiento y conocimiento. Llamó a participar, mostrar interés y trabajar en unidad pues esto ES fundamental para todos los pueblos originarios.
La diputada Martha Barajas García (Morena) dijo que más allá de dar paso a una respuesta de inconstitucionalidad, se garantizará a pueblos indígenas y afromexicanos su derecho a la educación. “Nadie debe quedarse sin expresar su voz, por eso son 120 días de intenso trabajo”, y se pronunció por elaborar un marco jurídico idóneo en esta materia.
Enseguida, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) afirmó que realizar la consulta con tiempo es lo correcto, porque es un ejercicio que requiere de un profundo análisis que involucra a muchos sectores. Señaló que esta decisión va en favor de la educación multicultural bilingüe “y sabremos corregir la ruta para ser incluyentes con todos los sectores”.
La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) indicó que estos foros permitirán conocer las demandas de las poblaciones indígenas y afromexicanas, que necesitan especialistas en educación especial para abatir el rezago, incluir a niñas y niños con barreras de aprendizajes, maestros de educación física y la enseñanza de inglés como tercer idioma.
Del PAN, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez pidió que la próxima consulta a los 68 pueblos originarios y afromexicanos cuente con logística suficiente en lo económico, humano y material para concretarlas y no haya carencias económicas para concluir estos procesos que buscan mejorar las condiciones de vida de estos pueblos.
