- La revisión se realizó apegada a la ley, con un proceso transparente y ciudadano: Dip. José de la Peña.
- Exhortan a la STyPS a que garantice derechos laborales de los trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo.
Chetumal, Quintana Roo. – A través de un procedimiento transparente, que incluyó la participación ciudadana, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó el informe general ejecutivo relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018, además de emitir las conclusiones y recomendaciones relativas a dicha fiscalización.
En la sesión ordinaria número 19, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se aprobó el dictamen que contiene los resultados de los 151 informes individuales entregados, producto de las 223 auditorías realizadas a los 104 entes fiscalizables.
Se auditó una muestra representativa del 65 por ciento de los ingresos fiscalizados del Estado, que ascendieron a 25 mil 650 millones 300 mil 981 pesos. Mientras que, del total de los egresos fiscalizados, con un importe de 21 mil 510 millones 375 mil 990 pesos, se fiscalizó una muestra representativa del 61 por ciento.
En tribuna, el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, destacó que, para la revisión del informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se realizaron cuatro reuniones de trabajo con la participación de la Unidad de Vigilancia de la Comisión, así como con representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes en todo momento expresaron sus observaciones e inquietudes.
“La Comisión lo que buscaba era transparentar lo que la ley nos obliga hacer, yo aplaudo las posturas de los demás compañeros, creo que la Cuenta Pública 2018 tiene muchas observaciones que se tienen que seguir y no solamente las de 2018, sino que tenemos que revisar también qué fue lo que pasó con los procedimientos que se establecieron en 2017, si se cumplieron los objetivos de las denuncias penales”, abundó.
El diputado Roberto Erales Jiménez del PT, así como las diputadas Erika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro y el diputado Edgar Gasca Arceo del grupo legislativo de MORENA, hicieron uso de la tribuna para expresar su voto en contra del informe presentado.
Por otra parte, la XVI Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, que busca garantizar los derechos de los trabajadores de base del Poder Legislativo y que las controversias internas al interior del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso del Estado sean tuteladas bajo su libre determinación como se encuentra establecido y reconocido por la normatividad laboral aplicable.
Para ello, se exhortó a la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que realice las acciones pertinentes para darle seguimiento a la petición de los trabajadores del Sindicato del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los represente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para subsanar las irregularidades suscitadas dentro del Sindicato, por ser un asunto de su competencia.
En la misma sesión, se eligieron a las ciudadanas Elsa Miriam Cortés Franco y Melissa Bugarini Calleros, quienes fueron postuladas por organizaciones de la sociedad civil, así como al ciudadano David Armando Argüelles González, postulado por una institución de educación superior y de investigación, como integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
En su oportunidad, la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, explicó que la ley establece que se deberán elegir a 5 integrantes honorarios de este Comité, por lo que se abrirá una nueva convocatoria para designar a los dos restantes y dar cumplimiento a lo que marca la ley.
Además, en la sesión se turnaron a comisiones para su estudio y análisis, una iniciativa y una proposición con punto de acuerdo.
Se trata de una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de estado abierto; presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena.
La diputada Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género presentó un punto de acuerdo, donde propone exhortar al Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de su competencia, promueva una reforma en materia de salubridad general, relacionada con la prestación de servicios médicos referentes a la rehabilitación en los casos de personas con cáncer de mama que se haya realizado una mastectomía.
También se desechó un punto de acuerdo de la diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que planteaba solicitar al cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para que en el ámbito de sus competencias realicen los actos jurídicos idóneos a efecto de revocar la concesión otorgada a la empresa denominada INTELLIGENCIA MÉXICO S.A. DE C.V. para la recolección y destino final de los residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (CANCÚN); sin perjuicio de la hacienda pública municipal y para que realicen de forma inmediata todas las acciones necesarias para que se desarrolle de manera eficaz el servicio de referencia.
