- Al otorgar reconocimiento legal de la identidad de género, se garantizan otros derechos a la salud, educación, vivienda y seguridad.
- Atiende Congreso sentencia para dotar de agua potable a comunidades de zona limítrofe.
Chetumal, Quintana Roo. – Para garantizar el respeto a los derechos humanos y el libre ejercicio de la personalidad e identidad de género, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad reformas al Código Civil donde se establecen procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para el cambio de datos de nombre y género en el acta de nacimiento de las personas trans que así lo deseen.
En la sesión ordinaria número 24, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron el dictamen con minuta decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
El diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, expresó que estas reformas son resultado de un trabajo conjunto de dos iniciativas, “aunque las presentamos por separado un servidor y mi compañera diputada Judith Rodríguez Villanueva, decidimos tomar lo mejor de ellas y construir el dictamen que aprobamos esta tarde”.
El objetivo de estas reformas es sentar las bases legales firmes para garantizar el respeto a los derechos humanos y especialmente al libre ejercicio de la personalidad e identidad de género en Quintana Roo, “la vía idónea para garantizar este derecho es la civil, únicamente con el consentimiento libre e informado del solicitante, de manera confidencial, expedita, gratuita y sin tener que someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales”, precisó.
En tanto, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, aseguró que hoy damos un paso en la protección de los derechos humanos de las personas, las reformas que hoy se aprueban nos permiten avanzar en un tema que no era posible retardar más.
Por otra parte, el Congreso del Estado aprobó un acuerdo mediante el cual solicita a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo para que, en el ámbito de sus facultades, realice el estudio, análisis y proyecto para que los habitantes de la comunidad de Guillermo Prieto, del municipio de Othón P. Blanco, tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
También se solicitó incluir a las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles, del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
Con este acuerdo, se da cumplimiento a la sentencia dictada en fecha 24 de junio de 2020, relativa al juicio de amparo indirecto 1097/2019-V-B, para que el Poder Legislativo esté en posibilidad de cumplir con lo ordenado en la sentencia.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 130 sexies 2 y 130 sexies 3 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la diputada Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.
De igual forma, se dio lectura a la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 825-quáter del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado José Luis Chanito Toledo, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, solicitó a la Comisión Transitoria Especial para dar Seguimiento a la Investigación de los hechos cometidos por elementos de cuerpos policíacos, en contra del derecho humano a la libre manifestación, la integridad física y la vida de las personas que realizaban actos de manifestación y protesta el 9 de noviembre del presente año; a traer a cuentas a los responsables de dichos actos.
Toledo Medina consideró que la presidenta municipal de Benito Juárez es la responsable de los acontecimientos pues así lo establece el artículo 115 Constitucional, por lo que se comprometió públicamente a darle seguimiento a cada uno de los días en que la presidenta municipal no asuma la responsabilidad que le corresponde, “si tiene que renunciar, que renuncie”.
