El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” impulsada por la diputada federal Cecilia Patrón para impedir que hombres agresores o deudores alimentarios puedan alcanzar un cargo en el servicio público.
“Me siento sumamente orgullosa de ser mujer yucateca, porque después de muchas luchas y batallas, el estado al que represento fue el primero de la República en contar con una Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Hace unos meses hice un compromiso con las mujeres, niñas y niños y señalé que no dejaría de luchar hasta que la Ley 3 de 3 fuera una realidad nacional, y compañeras y compañeros diputados, hoy esta realidad puede ser un ideal nacional…”.
Indicó, en la máxima tribuna del país para exponer sus justificaciones, que las cifras en materia de violencia de género son alarmantes, pues el 70 por ciento de las mujeres de 15 años o más han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; El 49.7 por ciento de las mujeres han vivido alguna situación de violencia sexual y, el 51.6% ha vivido violencia psicológica.
En cuestión de las y los menores, de acuerdo con datos del INEGI, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia. Un gran avance fue la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; sin embargo, es urgente que estas personas que deben, que cumplan en favor de nuestra infancia mexicana, es por ello que no deberían ocupar cargos, para que primero cumplan con su deber.
Con este dictamen se logra que personas que hayan cometido delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; entre otros delitos, se les prohíba ciertas acciones en aras del bien común, no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cargo de elección popular, ni ser servidor público.
Sin embargo, el fondo no es la sanción, es detener la violencia contra la mujer y el pleno desarrollo de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estoy convencida que nuestro país necesita servidores públicos dignos y comprometidos con la gente, y claramente cumplir con ello significa que sean buenos ciudadanos. Quiero aclarar que esta iniciativa no es contraria a los Derechos Humanos, ya que simplemente se exige por Ley que tengamos representantes públicos que respeten a las mujeres y a sus hijos.
“¡Ningún agresor en el poder!, exclamó, celebremos esta victoria de y para nosotras, las mujeres; pero lo más importante es que juntas y juntos sigamos construyendo un México más justo, igualitario e incluyente para todas y todos, un México de derechos y libertades, un México libre de violencia y en paz”.
