Mérida (Yucatán), enero de 2024.-Representantes de varias comunidades mayas y organizaciones sociales rechazaron públicamente el proyecto “Lotificación y urbanización Desarrollo inmobiliario no habitacional Indara II”, presentado a
evaluación ambiental1, el 10 de octubre de 2023. Denunciaron afectaciones al acuífero, falta de transparencia en la Manifestación de Impacto Ambiental, violaciones de derechos colectivos y despojo de tierras de propiedad social.
Angélica Santiago Olvera, de la comunidad maya de San Antonio Tehuitz (comisaría de Kanasín), señaló “nuestra comunidad es la más cercana al proyecto de parque industrial y sin embargo no ha sido consultada. Va a afectar muy gravemente nuestra calidad de vida, nos va a dejar sin un pulmón muy importante para todo el Área Metropolitana de Mérida y va a contaminar nuestra agua. En
nuestra zona ya se han instalado varios parques industriales que han afectado nuestro patrimonio, han destruido sitios arqueológicos de gran importancia. La flora y fauna que ahí habita es endémica y queremos cuidarla, toda esa zona debería ser un área protegida.
De hecho, nuestra comunidad y el área donde quieren construir el parque industrial es colindante con la Reserva Estatal Anillo de
Cenotes, por lo que el impacto se sentirá en todo el Estado de Yucatán. En lugar de autorizar este proyecto, deberían ampliar la Reserva y garantizar la protección de esta región tan castigada.”
Jorge Iván Herrera Herrera, del municipio maya de Kanasín, declaró “casi nadie en Kanasín sabe lo que está pasando, solamente llega la manipulación del gobierno del Estado, que dice que ya se va a construir la planta de Heineken, que estará operando en 2026, y que todos los impactos serán maravillosos. Esto no es cierto, el proyecto ni siquiera está autorizado, y no hablan de sus impactos destructivos.
No quieren celebrar la consulta libre, previa e informada que requiere la ley. Ante esto,
vamos a seguir informando a la comunidad sobre las consecuencias negativas que este proyecto va a tener. Si bien los impactos negativos son para todo Yucatán, Kanasín será la comunidad más afectada por la contaminación del agua y la reducción de niveles freáticos. Ya tenemos problemas con el agua, no hay suficiente y está ya contaminada, y este proyecto agravaría muchísimo la situación.”
Librada Novelo Ventura, de la comunidad maya de Hunucmá, agregó: “En Hunucmá estamos
sufriendo las consecuencias de la instalación de la cervecera de la Corona hace más de 10 años.
Nunca nos consultaron antes de instalarla. Ha disminuido mucho el agua de la que disponemos. Antes el agua subía sola a los depósitos, ahora sale muy poca agua y no tiene presión. El nivel de nuestros pozos ha bajado dramáticamente, muchos agricultores tienen que esperar horas a que recarguen los
pozos para poder cultivar, cuando antes estaban siempre llenos. Otro riesgo es la salinización, pues hay agua salada ocupando los espacios del agua dulce. Además se están inyectando cantidades ingentes de aguas residuales mal tratadas que nos contaminan.
De la mano de la cervecera han llegado otras industrias contaminantes, de plásticos y envases, que también nos afectan. Los empleos que se generaron son para gente de fuera, muy poca gente de la población ha logrado empleos en condiciones casi de esclavitud, pero el daño es mucho mayor que los supuestos beneficios.”
Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, subrayó que “de autorizarse este proyecto se agravaría la contaminación que ya estamos sufriendo en mi comisaría, pues estamos al norte de Kanasín y el agua subterránea fluye de sur a norte. El acuífero ya está siendo contaminado por la Granja Santa María, que también fue autorizada sin consultarnos.
SEMARNAT y CONAGUA no resuelven nuestras demandas, cuando deberían abocarse a evitar y resolver los daños ambientales. La granja porcícola opera sin Manifestación de Impacto Ambiental. Si ahora autorizan otra fuente de
contaminación, van a afectar de lleno a nuestra comisaría, no podemos permitirlo.”
Ansunción Chi Tejero, de la comunidad maya de Ixil, señaló: “Debido a la destrucción de selva, manglares y sabana por intereses privados, el sistema hídrico está desequilibrado, y también está contaminado por grandes empresas como la cervecera que quieren poner en Kanasín. Si llegan a
construir este proyecto, afectarán de forma directa a toda la región al norte del proyecto, donde se encuentra Ixil.
También estamos contra la deforestación, pues está asociada a las inundaciones, como las que sufrimos en Ixil en 2020, de una escala que no habíamos vivido antes. Debido a esto, el pueblo de Ixil rechaza este parque industrial. Nuestros pozos, que ya de por sí están contaminados por actividades dañinas de municipios más al sur. Este daño es aún reversible, pero si siguen autorizando más proyectos contaminantes, vamos a sufrir las consecuencias, sobre todo las nuevas generaciones.”
Guillermo Yam Ek, también de Ixil, agregó “esta contaminación afecta a nuestros cultivos. Yo soy productor de cebollita, cilantro, lechuga, rábano, elote y otros cultivos, y necesitamos agua limpia para producir alimentos sanos. En Ixil hubo una desfribadora hace 40 años y aún sufrimos la contaminación que nos dejó. Por este motivo, defenderemos nuestra agua aunque sea con nuestras vidas ante cualquier amenaza, incluyendo este proyecto de parque industrial.”
Marcela García Aguilar, ciudadana de Mérida, señaló que “los impactos de este megaproyecto no solo afectarán a las comunidades sino también a toda el área metropolitana de Mérida, por lo que apelo a la ciudadanía a informarse, respaldar a las comunidades y unirse a las acciones legales que puedan llevarse a cabo para detener el proyecto, para evitar que siga deteriorándose la calidad de nuestra agua y para evitar situaciones de escasez. Esto es importante también por justicia ambiental, pues estos proyectos extractivistas están despojando y contaminando tierras, agua y bienes naturales
de quienes menos tienen, para beneficio exclusivo de los más ricos y de las empresas multinacionales, y eso no lo podemos permitir.”
Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, agregó: “El proyecto descrito en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es ilegal en varios sentidos. En primer lugar, por la absoluta falta de transparencia respecto a las actividades que se llevarán a cabo en el parque industrial y los impactos que dichas actividades tendrán. Los promoventes no dicen absolutamente nada en la MIA sobre esta cuestión.
En la Reunión de Información Pública organizada por SEMARNAT el pasado 19 de enero, los promoventes insistieron en que no saben qué industrias se instalarán,
cuando es un secreto a voces que el principal es la megaplanta de Heineken que el Gobierno del Estado ha anunciado repetidamente como un hecho consumado.
Quizás creen que la falta de transparencia evitará rechazo social y facilitará los trámites. En realidad, implica que la autorización del proyecto violaría la obligación que tiene el gobierno de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas por el mismo.
Esta obligación deriva de diversos
tratados internacionales con rango constitucional y, desde la reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) de 2021, también es requisito imprescindible para cambios de uso de
suelo en terrenos forestales ubicados en territorios indígenas, como es el municipio de Kanasín.
En segundo lugar, una gran parte de las tierras en que se pretende construir el parque industrial son tierras ejidales de uso común, como se observa en esta figura: Polígono donde se pretende construir el parque (línea negra). Las áreas de color gris son tierras ejidales de uso común.
Los polígonos de color verde son parcelas ejidales, algunas colectivas y otras individuales. Solo una pequeña fracción del proyecto se ubica en tierras que no son de propiedad social. Fuentes: MIA del proyecto, Registro Agrario Nacional.
Uno de los requisitos legales para que SEMARNAT emita la autorización para deforestar este polígono es que los promoventes acrediten la tenencia legal de la tierra. Esto es imposible en el caso de las
tierras ejidales de uso común, pues son un bien común de Kanasín, se caracterizan precisamente por no estar asignadas a ninguna persona en particular. Dado que el Art. 59 de la Ley Agraria declara nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, sería ilegal su asignación a
particulares.
Por tanto, para llevar a cabo el proyecto habría que privatizar de forma ilegal las tierras de uso común, lo que no puede ocurrir mientras haya selva; al mismo tiempo, la autorización para deforestar es inviable debido a que son tierras de uso común. Esto supone un callejón sin salida que hace el proyecto imposible. Conjuntamente con comunidades afectadas y otras organizaciones sociales, tomaremos las acciones legales pertinentes si se autoriza el proyecto de forma irregular. Animamos a otras comunidades y organizaciones interesadas a unirse a esta iniciativa.
Jesús Solís Alpuche, de la comunidad maya de Kinchil, subrayó “la importancia de la unidad de
defensores del territorio y del agua ante el modelo industrial de desarrollo, que viene siendo una forma de tercera colonización. Los europeos primero vinieron a por los tesoros de nuestros ancestros, luego por el petróleo y ahora vienen a por el agua.
Heineken es una empresa multinacional que nació en Amsterdam, pero ya no produce allá, su antigua fábrica es ahora un museo. Vienen a extraer nuestra agua para su propio beneficio, en alianza con la Cervecería Moctezuma.
No podemos permitir esto, vamos defender el territorio, las tierras de propiedad social y el agua, mediante la conciencia comunitaria del patrimonio colectivo, la espiritualidad y la cultura maya para un desarrollo alternativo
que debe ser sustentable.”
Paula Lira Moguel, Presidenta de Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, concluyó: “las denuncias de las comunidades son justas. Estos problemas se dan porque no se educa adecuadamente a la población sobre nuestros derechos, no se prepara a las actuales y futuras generaciones para defender el territorio y que ningún gobierno en complicidad con empresarios puedan despojar a las comunidades de lo que les pertenece.
El llamado es a la sociedad en general para unirse a esta causa y no permitir que estos despojos y megaproyectos se sigan dando en Kanasín, como se han dado en Hunucmá y muchos otros municipios.”
