MÉRIDA, YUC., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Para poner un alto al mal manejo del dinero del pueblo en el dispendio de los recursos públicos, el diputado priista Gaspar Quintal propuso que no depositar el descuento que se le ha hecho al trabajador del Isstey, deber ser un delito penal para poner un alto total a esta práctica y que no se repita en otras paraestatales.
«Esto es un asunto de suma injusticia a los trabajadores estatales y la manera de evitarlo es que se convierta en delito penal. El Secretario de Finanzas que haga el descuento y no lo acredite, que sea delito penal», señaló Quintal Parra, en la discusión de la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores Estatales.
Destacó que esta propuesta puede impactar a otras paraestatales como Cultur, para evitar que caigan en estos malos manejos, ya que lo que no está prohibido, está permitido.
En la Sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el diputado priista resaltó que esta iniciativa de modificación de la Ley debe restituir los derechos de unos 40 mil trabajadores estatales que se vieron afectados en la modificación a la ley aprobada en 2022.
«Tenemos que poner un alto a la simulación y para lograrlo, esta iniciativa debe restituir lo que por ley le corresponde a la planta laboral».
Resaltó que como hijo de maestros estatales y también trabajador, es momento de poner un alto a la injusticia laboral desde que se creó esta ley, en 1976, y celebró las coincidencias de las diversas bancadas políticas para devolver con seriedad los beneficios que por ley merece la planta laboral estatal y que está iniciativa se discuta en la figura de parlamento abierto.
Otra de las propuestas priistas es solicitar la presencia en el Congreso de los Secretarios del ISSTEY y de Finanzas para darle certeza financiera a esta iniciativa, que se mantenga el ocho por ciento para el fondo de pensión y cesantía y si existe corrupción de funcionarios que afectaron las finanzas del ISSTEY, que se les castigue por la situación tan delicada en la que está la paraestatal.
Además, la aportación del Gobierno estatal sea de 28.75 por ciento repartido entre el fondo de pensiones y el servicio médico en lugar del 21.75 por ciento que propone la iniciativa estatal, que se elimine el requisito de edad para que familiares tengan derecho al servicio médico con solo acreditar el parentesco y que regresen los vales al salario integrador.
