Mérida,Yucatán a 15 de junio de 2022.- Yucatán celebra 15 años de la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes al conmemorarse hoy la entrada en vigor, el 15 de junio de 2007, de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se estableció la operación del sistema en cada orden de gobierno, a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.
A partir de esta normativa, el Poder Judicial del Estado de Yucatán estableció los juzgados especializados en justicia penal para adolescentes que se ubican en las instalaciones del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) en Mérida, Yucatán y que actualmente están integrados por un juzgado de control, un juzgado de juicio oral y un juzgado de ejecución de medidas de sanción.
También se estableció el procesamiento de casos bajo una serie de principios, entre estos la oralidad y el interés superior del adolescente.
Actualmente, el sistema especializado en justicia penal para adolescentes tiene por objetivo la reeducación de los jóvenes que se ven involucrados en hechos tipificados como delitos para que, una vez cumplida su sanción, puedan reincorporarse a la sociedad. En este sentido, los jóvenes reciben un tratamiento integral donde participan especialistas en salud física, psicológica, formación laboral, educación y trabajo social.
El sistema de justicia para adolescentes establece grupos etarios para fincar responsabilidades: de 12 años cumplidos a menos de 14 años; de 14 años cumplidos a menos de 16 años; y de 16 años cumplidos a menos de 18 años. La principal diferencia entre estos grupos es que los dos últimos pueden ser sujetos a internamiento en caso de ser encontrados responsables de delitos graves.
Este sistema especializado es producto de la reforma al artículo 18 constitucional publicada el 12 de diciembre de 2005 y en la cual se estableció la obligación de la Federación y las entidades federativas de establecer un sistema integral que garantizara el respeto de los derechos humanos y limitara su aplicación a los adolescentes de 12 años cumplidos a menos de 18 años.
Esta reforma tuvo, entre otros, el objetivo de armonizar las disposiciones internas con la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad (Reglas de Beijing).
