- En Parlamento Abierto abordaron temas como impacto ambiental, sustentabilidad y transición energética
Al continuar el Parlamento Abierto sobre la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, expertos externaron sus comentarios en materia legal, impacto ambiental, competencia y costos para la industria, transición energética y sustentabilidad.
El quinto bloque del Parlamento, convocado por la Comisión de Energía, fue moderado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena).
Intervenciones y posturas de los ponentes sobre la iniciativa preferente del Ejecutivo
Carlos Francisco Rodríguez Sámano, representante de la Barra Mexicana de Abogados, refirió que los términos en que está planteada la iniciativa infringen los principios de supremacía constitucional, seguridad jurídica y confianza legítima, fundamentales en el desarrollo del sector. “Consideramos que, de aprobarse, podría afectar al sistema constitucional y legal, al sistema eléctrico nacional y a la sustentabilidad de la industria.
Agregó que la iniciativa elimina los incentivos para lograr una verdadera eficiencia y transición energética, afecta directamente los incentivos para la inversión y pone en riesgo a las inversiones ya realizadas por la iniciativa privada. Puntualizó que para fortalecer a la CFE lo conveniente sería revisar su marco legal para darle las herramientas de decisión y operación que le permitan mejorar su eficiencia y actuar de manera competitiva.
Mauricio Emilio Llamas, consultor de Global Jones Day, afirmó que la reforma debe analizarse a la luz de la relación que tiene con la demás normatividad vigente. Consideró que los legisladores tendrán que ponderar de manera integral los derechos e intereses que están en juego y proponer una reforma que vaya más allá con un plan y programa para los próximos cuatro años, que realmente den resultado.
“Es legítimo fortalecer a la CFE y creemos que es legítimo tomar acciones para garantizar el abasto y la estabilidad del sistema eléctrico, pero debe hacerse valorando el impacto ambiental que se puede generar con ello, la protección a la salud y los compromisos adquiridos a nivel internacional”.
Lourdes Melgar Palacios, académica y consultora en temas energéticos y de desarrollo sostenible, dijo que la implementación de la iniciativa preferente frenaría la transición energética, vulneraria la competitividad, comprometería los derechos a la salud, medio ambiente, trabajo y además no lograría su objetivo principal que es fortalecer a la CFE; por ello, es importante aclarar supuestos, analizar implicaciones y trazar rutas.
“Si no hay certeza jurídica y las leyes pueden ser retroactivas, si no hay compromiso con el medio ambiente y el combate al cambio climático y no se atienden los principios de justicia social y derechos humanos, no solamente no habrá inversiones sino las que ya están aquí, mexicanas y extranjeras, se irán”, agregó.
En su intervención, Severo López Mestre Arana, experto en políticas y regulación energéticas, comentó que se deben repensar aquellas medidas que realmente fortalezcan a la CFE y al sistema en su conjunto, que pueden ser los mecanismos de financiamiento
“Tenemos que pensar en alternativas importantes; me parece que hay muchos elementos que pueden revisarse hacia el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad que, reitero, no necesita encerrar al equipo contrario para salir triunfante”.
Edgar Ocampo Téllez, especialista en energía, puntualizó que la virtud de la iniciativa es condicionar el crecimiento y la expansión de la capacidad instalada de las plantas de generación a la planeación estratégica para evitar su sobredimensionamiento. “Esto es fundamental en el diseño de un parque de generación”.
Subrayó que se debe legislar para que la instalación de parques solares no implique la deforestación de bosques y selvas. Mencionó que los ejidatarios son avasallados por empresas eólicas y solares que “sin escrúpulos” amenazan y desplazan a las comunidades.
Gabriel Baeza Espejel, experto en temas de impacto social y ambiental, dijo que es necesario hacer evaluaciones de impacto con pueblos y comunidades indígenas. “No tenemos la identificación puntual de impactos. No es lo mismo una gran hidroeléctrica, que una mini-hidroeléctrica, que una térmica”.
Mencionó que no se sabe cómo va a impactar la presente iniciativa y destacó la importancia de saber qué opinión tienen los pueblos y comunidades indígenas sobre los proyectos que actualmente se encuentran en sus territorios y cuáles serán los beneficios que tendrán.
Valentina Benítez Martínez, coordinadora técnica del Comité de Constitucional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., dijo que es fundamental que, de aprobarse la iniciativa, la Secretaría de Energía emita criterios estrictos para que en un momento dado los certificados de energía limpia continúen siendo un incentivo para transitar en las mismas.
Indicó que la iniciativa compromete la subsistencia del mercado eléctrico mayorista, y tendrá como consecuencia irremediable que los usuarios finales paguen precios exagerados por suministro eléctrico o alternativamente se vuelva indispensable una mayor inyección de recursos por parte del Gobierno Federal para mantener los precios artificialmente bajos.
Rafael Mateu Lazcano, profesor en derecho energético de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que es importante garantizar a la población una tarifa adecuada y la propuesta que hacen es precisamente mantener incrementos que no vayan más allá de la inflación.
“Creo que debe reflexionarse básicamente en que necesitamos una tarifa adecuada para todos los servicios del suministro básico. La CFE siempre ha sido competitiva con las políticas de ahorro de energía, manifestó.
Preguntas y respuestas
El grupo parlamentario del PRI preguntó: a partir del análisis que se ha hecho de la iniciativa preferente ¿cómo sería el nuevo despacho eléctrico y qué retos de costos tiene?
Al responder, Lourdes Melgar dijo que la hidroeléctrica, que es la primera que se despacha, es la que tiene los costos de generación más altos en este momento, de mil 844 pesos por kilowatt/hora; además, las hidroeléctricas grandes no son limpias, generan mucho metano que es más contaminante que el dióxido de carbono.
Después siguen las plantas de ciclo combinado de gas natural que además están muy cercanas en el costo que tienen las grandes hidroeléctricas, pero además generan gases de efecto invernadero contribuyendo con el 19 por ciento de las aportaciones del sector eléctrico.
En las plantas térmicas donde se juntan el carbón, diésel, combustóleo, el costo es de mil 401 pesos por kilowatt/hora. “Como verán es una generación cara y altamente contaminante en términos de emisiones de gas de efecto invernadero”.
