- Tres de cada cuatro negocios han sido víctimas de algún delito.
- Quince estados, incluyendo la CDMX, encabezan las cifras de extorsión.
- De los mil hasta los treinta mil pesos (y sumando), las cifras que están provocando pérdidas que se traducen en inflación.
Ciudad de México a 10 de octubre de 2022.- Si bien “la cultura” de la extorsión ya era una realidad para miles de negocios en el país, su incremento en los últimos meses ha provocado que el proceso de reactivación gradual postpandemia de la sociedad sea lento, tedioso y, en algunas, ocasiones imposible, generando un círculo que abona a otros factores a resentir con más fuerza la inflación que flagela a la sociedad mexicana.
Según datos de INEGI, obtenidos en su encuesta nacional de victimización de empresas, en el año 2021 se denunciaron 829,000 casos de extorsión por cobro de piso en punto de venta, por vía telefónica y/o medios electrónicos; predominando la extorsión por cobro de piso, uno de cada dos.
“De los diferentes delitos de los que es víctima la actividad comercial, industrial y de servicios, es la extorsión el que predomina en el abanico de ilícitos cometidos por las pandillas de delincuentes que azotan al país, un flagelo que mina la actividad comercial y económica del país”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Los Estados en donde más se ha dejado sentir esta problemática corresponden con la geografía de violencia que impera en la nación, es decir, en entidades como Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y, para coronar el elenco, la propia capital, CDMX. Llega el punto en que resulta más sencillo establecer qué entidades o regiones del país están más ajenas a este impuesto criminal por ser las menos.
Con relación a la investigación, INEGI concluye que 24.60%, de los casi 4.8 millones de negocios que operan en el país, fueron víctimas de un delito, debiéndose observar que en el país impera el miedo y la desconfianza para hacer una denuncia por las consecuencias que puede haber y por la sospecha, muchas veces fundada, de la colusión existente por parte de autoridades con las pandillas de delincuentes. Luego entonces, muchos ciudadanos que han sido víctimas de algún delito optan por no denunciarlo.
Así las cosas, la estadística inversa refleja que de cada cuatro negocios, son tres y no uno los que han sufrido algún delito. En más de dos tercios del país se ha desatado una ola de extorsiones que gravitan fundamentalmente en el cobro de piso bajo acoso y amenaza, logrando cuotas mínimas redondeadas por la inflación de mil pesos mensuales hasta los veinte mil o treinta mil pesos, dependiendo el giro y el éxito del negocio de que se trate.
La inseguridad en 2021 provocó pérdidas de más de ciento veinte mil millones de pesos, .67 del PIB; sin embargo, esta cifra es mucho mayor si consideramos lo que se dejó de ganar, lo que la violencia inhibió o impidió hacer a los agentes económicos; en pocas palabras, la cifra de lo no ganado es mucho mayor que la de lo perdido, bien se podría estimar en cinco veces más.
Tal vez México es de los pocos países en el mundo en donde se ha instalado un impuesto ilegal al trabajo y al éxito económico, de tal suerte que con una precisión meridiana, los bandoleros saben clavar el aguijón de la extorsión en aquellos negocios que con mucho esfuerzo van logrando recuperarse y ponerse en pie nuevamente después de los estragos de la cuarentena de la pandemia del Covid que vivimos por dos años y medio.
Y así, casual, se aparecen en los puntos de venta, demostrando al comerciante y/o empresario que tienen pleno conocimiento de sus vidas y rutinas, por lo que están en posición, de ser necesario, de perjudicarles y poner en riesgo la seguridad de sus seres queridos.
“Ante este tipo de amenazas, muchos caen en las garras de este contrato de seguridad forzado condicionado por delincuentes”, agregó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
En últimas fechas, se ha informado de casos en los que las bandas más avezadas se han propuesto apoderarse de las cadenas de abasto y suministro de productos esenciales de alta demanda, como la tortilla, el pollo, huevo, cerveza, entre otros, con el objetivo de establecer el precio final de los productos, decretando sobreprecios desmedidos en momentos en donde los consumidores estamos resintiendo una escalada inflacionaria en los precios de los alimentos de la canasta básica, donde el tan trillado PACIC, en el último mes, elevó su precio en un 15.55%.
A esta pendiente tan pesada que el consumo popular tiene que escalar para conseguir llevar un sustento de calidad a sus familias, hay que adicionar los aumentos que a discreción disponen estas pandillas que, sin escrúpulo alguno, acaban de dar el tiro de gracia a miles de hogares que no cuentan con el poder adquisitivo para comprar sus alimentos y menos aún con el sobrecosto de este acaparamiento criminal de mercado.
Este es el parte de una realidad que reina en muchos lares de la República, un secreto a gritos, un vicio cada vez menos oculto que lacera la actividad económica y comercial, pero que sobre todo roba capacidad emprendedora, desalentando a la población a seguir luchando, al concluir que así no se puede salir adelante. De por sí las cosas están muy difíciles y nos la ponen peor, al obligar a pagar este impuesto al trabajo, a todas luces ilegal y sin sentido.
Igual nos quedamos cortos, pero se puede afirmar sin equívoco que la extorsión propicia inflación.
