- La dependencia firma un convenio para desarrollar acciones conjuntas para que la población mayahablante conozca los principios éticos y normas que rigen al funcionariado público.
Mérida, Yucatán.- Para establecer las bases y estrategias de colaboración para fomentar la inclusión y participación de la población mayahablante en el combate a la corrupción, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) firmó un convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay).
El director General de la dependencia, Eric Villanueva Mukul, indicó que es una instrucción del Gobernador Mauricio Vila Dosal eliminar las barreras del lenguaje y generar mecanismos generales, planes y proyectos que ayuden a impulsar mejores acciones a favor de la comunidad indígena del estado.
Ante la presidenta y el secretario técnico del Seseay, Mónica Alicia Febles Álvarez-Icaza y Edwin Manuel Rejón Pacheco, respectivamente, resaltó que este convenio servirá para unir esfuerzos en el combate a la corrupción, tema que tiene parte educativa y correctiva.
Explicó que se tiene que trabajar para que los principios éticos y normas, principalmente de las y los funcionarios públicos, lleguen a la gente mayahablante y todos los municipios, de manera que se vaya formando una cultura de atención y transparencia en el servicio público.
A su vez, en el marco de la rúbrica, el titular del Indemaya puso a disposición del Seseay los servicios de traducción en lengua maya de los documentos o audios que se necesiten en las audiencias o actividades, a fin de promover la cultura del combate a la corrupción en el territorio.
Por su parte, Febles Álvarez-Icaza subrayó que las principales víctimas de los abusos de la discriminación y la corrupción es la gente más vulnerable que, desafortunadamente, es en muchas ocasiones la población indígena.
En ese sentido, en el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán consideramos que la comunicación es fundamental y por ello el Comité de Participación Ciudadana esta desarrollando herramientas para que las personas y comunidades tengan voz y un aliado cuando sean agraviadas por un posible caso de corrupción o falta administrativa por parte de algún funcionario público, concluyó.
