- El caso del hotel Mayaland afecta la imagen turística de Yucatán y del país.
- Este asunto jurídico tiene relevancia nacional e internacional.
Mérida, Yucatán, 27 de diciembre de 2024.- La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la aplicación de la justicia en el despojo del hotel Mayaland por personajes vinculados al exgobernador Mauricio Vila Dosal, actualmente Senador de la República por el PAN, da certidumbre de que pronto se cumplirá y aplicará la ley en un caso que afecta la imagen turística de Yucatán y del país.
El abogado y representante legal del caso, Gerardo Ostos Rincón, señaló que hablar del Mayaland es redimirse casi 100 años atrás, 1925, cuando se construyó ese emblemático hotel en los alrededores de la zona arqueológica de Chichén Itzá, por Fernando Barbachano Peón, quién es considerado pionero de la actividad turística en Yucatán, Quintana Roo y México.
Por ello, consideró relevante que la Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, intervenga en este tema jurídico, donde ya se demostró que las instancias de justicia del estado de Yucatán están en desacato y no quieren devolver la posesión física del hotel Mayaland a su legítimo propietario, Fernando Barbachano a pesar de haberse ordenado hace 15 meses.
“Hay confianza en que las instancias federales actuarán y corregirán todas las ilegalidades que se han registrado en Yucatán desde hace casi tres años, cuando un grupo armado ingreso al Mayaland, y lo mantienen secuestrado”, anotó.
Ostos Rincón Gallardo, puntualizó que cuando la corrupción, el tráfico de influencias y el abuso de poder afectan de manera generalizada la procuración e impartición de justicia en un estado, surge el interés público y se vuelve necesaria la intervención del Ejecutivo Federal.
En este caso, subrayó, por el incumplimiento de Rodolfo Rosas Moya, en el pago acordado en el tiempo establecido en un contrato de compraventa, se ha suscitado una cascada de irregularidades que afectan a una familia, la generación de empleo y la imagen de Yucatán y del país en el tema del Estado de Derecho.
“Esto no solo es un asunto jurídico, la importancia de este caso es también para el sector turismo del país, pues la ubicación del hotel muy cerca a la maravilla del mundo moderno, Chichen Itzá, lo hacía referencia de turistas nacionales e internacionales”, asentó.
Gerardo Ostos sostuvo que la negligencia de autoridades estatales de la administración pasada, del exgobernador Mauricio Vila, y el desinterés en estos dos meses del mandatario Joaquín Díaz Mena, por atender la solicitud de un plebiscito constitucional, abonaron para que el señor Fernando Barbachano Herrero no pueda recuperar la posesión física de los hoteles que nunca han dejado de ser de su propiedad.
Esos puntos, anotó, y la reciente notificación de estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denotan el interés nacional e internacional en este asunto, pues nadie se explica cómo es que a pesar de la orden material de entrega notificada a la Fiscalía hace 15 meses, los hoteles sigan invadidos por hombres armados.
La realidad, acentuó, es que Fernando Barbachano Herrero no puede ingresar al hotel, aun cuando jurídicamente es el legítimo dueño, y que el pasado 19 de diciembre, un Tribunal Colegiado resolvió categóricamente que Inmobiliaria R4, de Rodolfo Rosas Moya, no tiene ningún derecho sobre los inmuebles, y que la Fiscalía quedaba en libertad de ejecutar la orden de desposesión, pero a la fecha subsiste el allanamiento.
Por ello, resaltó que es fundamental que la Presidenta de México haga cumplir la Constitución Federal en aras de restaurar el orden jurídico en Yucatán.
En ese punto, recalcó que, debido a la falta de objetividad y debida diligencia, la Fiscalía General de la República asumirá su competencia constitucional para investigar este complejo entramado de corrupción.
