A propósito del aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que “…más de la mitad de la propiedad agraria en México es, afortunadamente, todavía de campesinos, más de 100 millones de hectáreas son tierras comunales, son ejidos, pequeñas propiedades”.
Desde el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible coincidimos con esta visión y valoramos positivamente que el presidente conozca y valore la propiedad social y lo que representa para nuestro país. Sin embargo, los territorios comunitarios enfrentan hoy fuertes amenazas, por lo que además de celebrarlos declarativamente, desde el Consejo llamamos a fortalecer la propiedad social y las instituciones que le dan sustento, en primer lugar, las asambleas ejidales y comunales, el comisariado y su consejo de vigilancia.
“La propiedad social en México es muy importante. Los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas en colectivo son quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, son depositarios de grandes recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas. Es fundamental fortalecer su gobernanza interna, no solo porque son los legítimos propietarios de esos territorios, también por los invaluables beneficios que brindan a toda la sociedad en términos ambientales, culturales y sociales”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.
La propiedad social se ha mantenido en México, pese a que, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, se modificó el marco legal con una intención privatizadora de las tierras. Si bien algunas porciones de territorio se privatizaron, a la fecha se conserva la mayor parte bajo propiedad social.
Algunas de las amenazas que enfrentan las tierras bajo propiedad social son:
– La parcelación de áreas comunes, que da paso a la privatización de esas parcelas. Esta parcelación está ocurriendo incluso en terrenos forestales, que por ley no deben ser parcelados ni vendidos.
– El otorgamiento de concesiones mineras. Hasta finales de 2017, en el 42% de los 11,843 núcleos agrarios que realizaban actividades forestales habían sido otorgadas concesiones para actividades mineras. Muchas comunidades desconocen que sus territorios están concesionados para proyectos mineros (por ejemplo, Cruz de Ocote, ejido ubicado en Ixtacamaxtitlán, se enteró por las comunidades vecinas). Otras comunidades, como Calpulalpan de Méndez, en Oaxaca, se han visto obligadas a dejar sus actividades productivas (Datos disponibles en: www.ccmss.org.mx/acervo/territorios-forestales-comunitarios-amenazados-por-la-mineria-en-mexico/).
– La presión para que las comunidades cedan sus territorios para instalar megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas (el caso de San José Tipceh, por ejemplo).
– Este proceso es particularmente grave en la Península de Yucatán, donde desde que la Ley agraria fue modificada, en 1992, hasta mayo de 2019, por lo menos 22,600 parcelas con una superficie de 192,600 hectáreas pasaron de ser tierras ejidales a ser tierras privadas (RAN).
– Otro esquema que representa un esquema de despojo es la “renta” de las tierras por sumas muy bajas. Hay contratos de renta por decenas de años, a precios muy bajos y con una clausula para poder prorrogar otros 20 o 30 años el contrato de convenir así a quien lo renta.
– Hay regiones en las que los apoyos individualizados del programa Sembrando Vida también están socavando la organización comunitaria y propiciando que se desconozcan los acuerdos de las asambleas y de las instituciones comunitarias.
“El despojo del territorio, la privatización de las rentas tiene consecuencias muy profundas. No se restringe a la pérdida de la tierra en sí, sino a la transformación forzada de los modos de vida ancestrales asociados a los territorio y a la alteración drástica de las relaciones sociales de las comunidades. Y este tipo de procesos se están viviendo hoy en día”, agregó Madrid.
México es ejemplo en el mundo por su esquema de propiedad social de la tierra y por la forma en que las comunidades se organizan y manejan sus territorios, generando bienestar local, produciendo y conservando, distribuyendo equitativamente los ingresos y fortaleciendo el tejido social. Esta gobernanza y esta propiedad se han mantenido pese a que los pasados gobiernos trabajaron de manera sistemática por desmantelar este modelo y ceder los territorios y sus recursos a intereses privados.
Hoy que la nueva administración valora la importancia de la propiedad social de la tierra, llamamos a fortalecerla de manera efectiva, desde todas las instituciones de gobierno. Para fortalecer es necesario:
– Capacitar a todas las dependencias de gobierno sobre este tema, para que no socaven la gobernanza y los territorios comunitarios con programas que contradicen esta realidad.
– Fortalecer las asambleas comunitarias y sus órganos de gobierno (impulsando la transparencia, la inclusión de mujeres y jóvenes, respetando acuerdos tomados libre y soberanamente en las asambleas).
– Fortalecer las capacidades del RAN para frenar los esquemas de despojo.
– Apoyar las iniciativas de apropiación productiva de los territorios por parte de las comunidades y ejidos, mediante esquemas de comercialización, un trato fiscal justo y el impulso a iniciativas que incluyan a todos los habitantes de los territorios: ejidatarios, avecindados, mujeres, jóvenes).
El CCMSS es una asociación civil no lucrativa, formada por personas y organizaciones; lleva 26 años trabajando directamente con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales del País. Más información: www.ccmss.org.mx/.
