Al celebrarse el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, la LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 19 votos a favor, 4 en contra y una abstención (considerada por ley voto en contra), autorizar al Poder Ejecutivo de Yucatán modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.
El diputado Víctor Sánchez Roca (PAN), explicó que la autorización solicitada a este Congreso, “es para modificar la cláusula de terminación anticipada, para permitir al estado terminar el contrato con un mecanismo de pago por compensación distinto al estipulado actualmente.
El contrato actual establece que, en caso de terminación anticipada del contrato, el Estado pagará en una sola exhibición 2,981 MDP. En cambio, una vez modificado el contrato, el Estado estará en posibilidades de dar por terminado el contrato y el pago será en parcialidades, logrando, además, un ahorro de 1,479 MDP”.
En contraparte, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, expresó que, si no les dan las herramientas como diputados para analizar y poder tomar una decisión adecuada, corren el riesgo de engañar a la sociedad, lo que podría ser el caso, pues no se les dio la información requerida “y si algo mandó la Secretaría de Administración y Finanzas, no me lo hicieron llegar, pues no lo tengo”.
En el mismo sentido, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), dijo que lo único que cambia la iniciativa es el responsable del Museo, pues todo lo demás se desconoce y “estoy seguro de que no se va a ahorrar los mil 500 millones de pesos, porque no es un problema de transparencia, sino de opacidad”, por esa razón expresó su abstención de votar en este punto.
Por su parte, la diputada Milagros Romero Bastarrechea (MC), señaló que era necesaria la aprobación de esta iniciativa porque, entre otras cosas, el contrato actual no establece mecanismos de incentivos, por ejemplo, pagos puntuales, pagos anticipados, lo que lo hace un contrato a todas luces desventajoso para las y los yucatecos.
En su turno, el legislador Marcos Rodríguez Ruz (PRI), señaló que la fracción del PRI brindará su voto de confianza a esta propuesta, pero estarán vigilantes que se concrete el ahorro de 1,500 millones de pesos, y que este sea utilizado en beneficio de las y los yucatecos, además de que también estarán atentos para garantizar que se respeten los derechos laborales de quienes trabajan en el Museo que, como se mencionó, no será cerrado.
Comparecencia SSY
Las siete fuerzas políticas, en consenso, avalaron un Punto de Acuerdo presentado por el Partido Revolucionario Institucional para solicitar la comparecencia, mediante las tecnologías de la información del Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, para conocer las acciones relativas a la contingencia sanitaria por Covid-19 en el estado. Dicho acuerdo contó con aportaciones y observaciones de los integrantes del Pleno.
El acuerdo establece que el Congreso del Estado solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado gire instrucciones al Secretario de Salud, para que comparezca ante los diputados integrantes de la LXII Legislatura, en sesión de la Diputación Permanente, mediante el uso de las tecnologías de la información en la fecha y hora que para tal fin determine dicho cuerpo colegiado.
Lo anterior, con el objeto de rendir un informe respecto a las condiciones del sector salud en la entidad, la ocupación hospitalaria, la disponibilidad de camas para atender pacientes de Covid19 en los municipios, los criterios e índice del avance de la enfermedad y lo relativo a la atención médica en hospitales de jurisdicción estatal; al igual que el Secretario de Salud estatal podrá invitar para su comparecencia a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno que considere.
Así mismo, el acuerdo plantea que el Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que, sin menoscabo de las medidas sanitarias previstas por la Secretaría de Salud, se garantice el suministro del equipo médico a todo el personal de salud que labora dentro de las áreas Covid-19, se consideren estímulos económicos para dicho personal y se apliquen pruebas de diagnóstico de Coronavirus a la ciudadanía que presente síntomas, con el objeto de ampliar la acción preventiva en la comunidad.
De la misma manera, la Diputación Permanente, a través de su presidenta, deberá notificar a los integrantes de la Legislatura, la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la comparecencia; para lo cual, momentos después, en sesión de este cuerpo colegiado, sus integrantes acordaron que el encuentro podría ser el próximo jueves o viernes por la mañana.
No obstante, la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), aclaró que lo anterior estará a disposición y en las posibilidades del Secretario de Salud, con el fin de no desatender los temas de salud, por lo que la comparecencia podría ser antes o días después.
Sobre el tema, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, puntualizó que como legisladores tienen la obligación de revisar qué se ha hecho en la materia, qué sucedió con los 500 millones de pesos que fueron aprobados por esta Soberanía, destinados para el combate del Covid-19 y atender a la ciudadanía.
Agregó, que no es un tema de crucificar al Secretario de Salud, ni culpar a nadie por la enfermedad, sino tener un panorama real de la misma.
Transporte
En la plenaria, también fueron avalados dos dictámenes que modifican la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, por unanimidad el referente a rastreadores satelitales y, por mayoría, otro sobre transporte alternativo; así como por unanimidad el dictamen para expedir la Ley de Seguridad Vial.
En estos temas, la diputada Lila Frías Castillo (PRI) mencionó que se hace necesario legislar para garantizar a quienes ofrecen y a quienes reciben el servicio de transporte público como moto taxis, tricitaxis, calesas tradicionales y eléctricas, motonetas, scooters eléctricos y otras nuevas modalidades, certeza y certidumbre jurídica para que puedan desarrollar su trabajo, sobre todo a quienes lo realizan en municipios.
Por otro lado, en materia de rastreadores satelitales, añadió que los vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi de alquiler y los contratados por medio de plataformas tecnológicas, deberán tener integrado, un dispositivo de rastreo satelital que emita una señal de alerta, mismo que esté plenamente al alcance del pasajero y conductores.
En cuanto a la Ley de Seguridad Vial, afirmó que viene a sentar las bases para la creación de un verdadero sistema de seguridad vial integral, que tiene como finalidad prevenir la pérdida de vidas humanas a causa de algún siniestro de tránsito.
El legislador Víctor Sánchez, aclaró que la operación, tanto de las modalidades de transporte público como los rastreadores satelitales, son temas que deberá reglamentar el Ejecutivo estatal, por lo que se brinda un respaldo y seguimiento al trabajo del Gobierno del Estado.
Así mismo, la diputada Silvia López Escoffié (MC), enfatizó que es un momento histórico, porque se le otorga certeza jurídica a las diversas modalidades y representa una solución para la limitada cobertura de transporte público, además de que resulta una alternativa económica, ya que “genera miles de empleos y es un medio barato”.
En relación a la Ley de Seguridad Vial, agregó que esta Legislatura hace un complemento para atender a las personas, como el eje de movilidad, así como una cultura de valoración de la propia vida y de los demás, asegurando el bienestar de la población, ya que “con esta iniciativa se pone en primer lugar a los dueños de la calle, los seres humanos”.
Paridad
Continuando con el orden del día, las diputadas y los diputados aprobaron por unanimidad, el dictamen por el que se modifican la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en materia de violencia política por razón de género y paridad de género.
La diputada Karla Franco Blanco (PRI) resaltó que, con un sello indiscutible de integración, pluralidad, modernidad y la voluntad política, con la aprobación de este dictamen, estaremos dando un paso más, en este largo camino, en la búsqueda de la igualdad, de la eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, que se traduce en una exigencia igualitaria, que sin duda nos lleva al camino de la democracia.
La legisladora Milagros Romero, recalcó que el objetivo principal es el garantizar que las mujeres participen en política sin violencia, es decir, “garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales; en el desempeño de sus cargos públicos; y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito”.
La diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), destacó algunas bondades de estas reformas electorales como el lenguaje inclusivo en todas las leyes, establecer el concepto de violencia política, que el Instituto Electoral garantice la paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres, que son “cambios relevantes y fundamentales para una contienda electoral justa y con igualdad entre mujeres y hombres”.
De la misma manera, fue avalado por unanimidad modificar diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán y del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de cerrajeros.
La diputada Milagros Romero, mencionó que este dictamen tiene la bondad de proteger al cerrajero, de ayudar a la Seguridad Pública para evitar robos a casa-habitación, sancionar a los que no estén registrados en el padrón, ya que en el Estado el principal delito denunciado es el robo a casa-habitación y en ocasiones se realiza con la participación involuntaria de un cerrajero.
En el mismo sentido, fue aprobado por unanimidad, el dictamen por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada; así como el dictamen por el que se expide la Ley de Educación del Estado.
