En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad los dictámenes correspondientes a las Leyes de Ingresos 2020 de 105 municipios, distribuidos en dos paquetes de 52 municipios, así como la correspondiente al Ayuntamiento de Mérida y, por mayoría, las modificaciones a diversas disposiciones de su Ley de Hacienda.
En la plenaria de este miércoles, las siete fuerzas políticas también avalaron nuevas Leyes de Hacienda de Homún, Kaua, Muna, Opichén, Seyé, Sotuta y Telchac Pueblo; al igual que reformas a Leyes de Hacienda de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún, Motul, Sacalum, Tekax, Temax, Tizimín, Tzucacab y Umán; además de la modificación de la Ley de Ingresos 2019 de Chicxulub Pueblo y la similar del ayuntamiento de Tekax.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Víctor Sánchez Roca (PAN) informó que se les negó empréstitos a siete municipios por no cumplir con los requisitos de Ley, no obstante, sí fueron avalados ingresos extraordinarios por convenios con el Gobierno del Estado para el pago de laudos de trabajadores a 11 ayuntamientos.
También, detalló, se votó a favor que 58 municipios puedan obtener ingresos extraordinarios por convenios diversos en programas federales y estatales, así como a 21 ayuntamientos obtengan recursos extraordinarios por transferencias y subsidios.
“El Congreso del Estado giró oficios a los 106 municipios que implementarán estrategias de defensa ante los problemas económicos que sostenían y eso se refleja en las solicitudes presentadas en sus paquetes fiscales”, resaltó Sánchez Roca.
En su turno, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI), añadió que con estos dictámenes, los municipios contarán, en tiempo y forma, con herramientas jurídicas para el ejercicio 2020 y certeza jurídica a los ciudadanos para los diferentes tipos de contribuciones.
“El Congreso del Estado ha cumplido a cabalidad con la observancia a la autonomía municipal y su autonomía hacendaria, verificamos la legalidad de dichas propuestas con seriedad, sensibilidad y apegado a derecho, anteponiendo la justicia social, el bien común y el diálogo, por encima de posturas personales o partidistas”, enfatizó.
En el caso de Mérida, Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que se proponen aumentos en el cobro del predial, en el servicio de alumbrado público y de recolección de residuos sólidos, así como un refrendo por bóvedas de los panteones, que se contemplan en la Ley de Ingresos pero no se justifican en su Ley de Hacienda.
Agregó que en el tema del predial, existen artículos transitorios que establecen que si el predio tiene un valor menor de 500 mil pesos, el incremento de la tarifa no deberá ser mayor al 4%, pero si es mayor a 500 mil pesos, el aumento no deberá ser mayor al 10%.
En respuesta, Sánchez Roca aclaró que por Ley, se tiene que actualizar el valor catastral de los predios de Mérida, porque los ciudadanos quieren que valgan más, por esta razón, podría incrementar el costo del impuesto predial de manera proporcional; sobre las bóvedas, anunció que existe un problema de falta de estos espacios en los panteones, por lo que a partir del próximo año se pagará dicho refrendo cada tres años, que no afecta a los que actualmente cuentan con títulos de perpetuidad.
Por otro lado, los legisladores aprobaron por unanimidad tres dictámenes con reformas a la Constitución Política del Estado: el primero para establecer la enseñanza de la lengua de señas y otro para la obligatoriedad del aprendizaje de la lengua maya, ambas en el nivel básico educativo; el tercero, para homologar los Periodos Ordinarios de Sesiones del Congreso de Yucatán con los del Congreso de la Unión.
Referente a los temas educativos, Karla Franco Blanco (PRI) señaló que estas reformas otorgan contar con las bases constitucionales para fortalecer el sistema educativo para poner fin a la segregación de las personas con discapacidad y la comunidad indígena en la entidad.
La promovente de la iniciativa de lengua de señas, Kathia Bolio Pinelo (PAN) manifestó que se visibiliza a un grupo vulnerable que han tenido todo tipo de adversidades y discriminación, como son las personas con discapacidad auditiva, y aunque el Gobierno Federal ha reducido recursos a los programas para este sector, en el estado, en particular la actual Legislatura, han sido empáticos con el desarrollo y crecimiento de la inclusión.
“No a los estereotipos, sigamos construyendo una sociedad inclusiva y humana”, destacó.
El impulsor de la iniciativa de lengua maya, Luis Loeza Pacheco (Morena), advirtió que el porcentaje de personas que hablan la lengua maya en el estado, ha venido descendiendo de forma constante en los últimos años, de acuerdo a un estudio de la UNAM, se redujo drásticamente en un lapso de cinco años, al pasar de 30.3% en el año 2010 a 28.89%en 2015.
“Más allá que se busque que en las localidades en donde se habla mayormente la lengua materna se mantenga, se busca que la cultura y el idioma se fomente en lugares como Mérida y otras ciudades del estado, donde actualmente es casi nula su presencia, logrando en los niños un cambio de perspectiva de lo que significa las raíces indígenas de la entidad”, resaltó.
En el mismo sentido, Paulina Viana Gómez (PAN) declaró que es necesario robustecer las funciones específicas estatales, a fin de establecer en el sistema educativo básico, las condiciones y los procedimientos para rescatar, fomentar y preservar la lengua nativa del Estado de Yucatán.
De la misma manera, el pleno de los diputados avalaron por mayoría, con el voto en contra de Silvia López Escoffié (MC), la adición del artículo 44 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, para prohibir en carreteras estatales y federales, que sean transferidas al estado, que bicimotos, motocicletas, triciclos automotores, trimotos y cuatrimotos de motocicletas, así como aquellos similares impulsados con energía eléctrica, no puedan transportar a personas menores de cinco años o que hayan cumplido dicha edad, que no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal de pasajero.
La presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Lila Frías Castillo (PRI), mencionó que el dictamen tiene como objetivo fundamental salvaguardar la vida e integridad de este sector de la población, ya que en primer lugar no tienen la capacidad de medir por sí mismo los riesgos que implica ser pasajeros en una motocicleta y en segundo término, físicamente no son lo suficientemente aptos para sujetarse por sí mismo al vehículo que los transporta, por lo cual los expone en mayor grado que cualquier otro tipo de pasajero.
“Estaremos evitando que cada día se expongan vidas de menores de edad, con lo cual estaremos dando un paso más para consolidar la seguridad vial de todos los usuarios de las vías de comunicación”, agregó.
En otros temas, fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.
En asuntos generales, Manuel Díaz Suárez (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Archivos, que pretende garantizar la organización y preservación de los archivos, con respeto al derecho a la verdad y el fomento del conocimiento del patrimonio documental del estado.
La diputada Kathia Bolio hizo un llamado a los jueces federales para que el agresor de la joven Andrea M. C. C. no obtenga la libertad por un amparo que interpuso ante un tribunal federal que reclasificó el delito, cuando se había determinado como feminicidio, en grado de tentativa; “las mujeres yucatecas deberíamos levantar la voz”.
Milagros Romero Bastarrachea (MC), recalcó que es un caso emblemático de un sistema que no funciona, porque el problema no es la falta de leyes suficientes, sino la falta de justicia, que no llega a las mujeres.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 11 de diciembre del año en curso a las 11 de la mañana.
