Los derechos humanos se aplican a todos los grupos de edad; los niños y niñas tienen los mismos derechos humanos en general que los adultos. Pero como son especialmente vulnerables, es necesario que tengan derechos concretos que reconozcan su necesidad de recibir una protección especial.
Bajo este contexto, la Diputada Federal por Yucatán, María Ester Alonzo Morales, expresó que nuestra Constitución establece en su artículo 4º párrafo noveno que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Como se observa, nuestra Constitución Política establecen de manera clara el derecho de prioridad y el interés superior de la niñez en las decisiones y acciones del Estado mexicano, remarcó.
La legisladora dijo que a pesar de que el Estado tiene la obligación en todo su actuar de garantizar el principio de interés superior de la niñez, ha estado ejerciendo acciones en contra de lo que dispone la Constitución, ya que en los respecta a la política pública implementada en el país, los recursos públicos orientadas a la primera infancia se han visto afectados por reducciones de hasta un 30 por ciento, llevadas a cabo en el periodo de 2018 a 2020.
Alonzo Morales señaló, que ante este panorama reduccionista y ahora frente a los impactos del COVID-19, las niñas y niños de la primera infancia, podrían verse seriamente afectados con las medidas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal, las cuales, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, en un decreto, por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En él, se establece que, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido.
Por ello con el firme compromiso de proteger de manera integral el bienestar de las niñas y niños de México, Presenté ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a No Aplicar el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los programas de Vacunación; Salud Materna, Sexual y Reproductiva; Servicios de Asistencia Social Integral; Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos; Producción y Transmisión de Materiales Educativos; Educación Inicial y Básica Comunitaria; Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Servicios de Guardería; Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil; ni a ningún otro programa que sea destinado a la primera infancia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de las niñas y los niños, explicó.
En este sentido, manifestó que como este decreto se ha venido aplicando indiscriminadamente a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, perjudicando a diferentes sectores de la población; las niñas y niños se encuentran en incertidumbre, ya que este decreto, también puede ser aplicado a programas que les benefician, los cuales están orientados al cuidado de la salud, educación y restitución de derechos.
Por último, la Diputada Federal reiteró que las medidas de austeridad de este Decreto limitarían la operación y continuidad de programas orientados al desarrollo de nuestras niñas y niños, por lo cual, es importante que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de salvaguardar el interés superior de la niñez, por ende, si el Ejecutivo Federal aplica este decreto, violaría la constitución política, tratados internacionales y los derechos de los niños y niñas, en especial los de primera infancia.
