La demanda que entabló México ante un tribunal de Massachusetts, en la que acusa a fabricantes de armas estadounidenses de suministrar armas a las organizaciones criminales deliberadamente, es un nuevo giro en el uso del sistema de justicia estadounidense para enfrentarse al crimen y la corrupción que asolan América Latina.
Surge a partir de la frustración justificada por el “río de hierro” de armas ilegales que fluye hacia el sur. Sin embargo, la acción judicial no hará mucho por frenar la delincuencia y la violencia en México. Ese objetivo requerirá que México logre que su propio sistema de justicia y sus fuerzas del orden funcionen.
Los Gobiernos de Estados Unidos y México estiman que los traficantes envían más de 200 mil armas a México cada año. Este flujo supone un gran negocio: un estudio calcula que casi la mitad de las armerías estadounidenses dependen de las ventas ilegales a México.
El Gobierno estadounidense no ha hecho prácticamente nada al respecto: de hecho, el Congreso ha dejado prácticamente sin fondos a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). A pesar de que las ventas de armas han aumentado, el personal de la ATF apenas ha variado en las últimas dos décadas, y el número de inspectores que supervisan a los vendedores de armas ha disminuido notablemente.
La demanda tiene que sentarles bien a las autoridades mexicanas, cuyos llamados a tomar medidas para frenar el movimiento de armas han sido ignorados durante años. Los mexicanos todavía están enfadados por el fiasco de la ‘Operación Rápido y Furioso’ de hace más de una década, en la que agentes de la ATF permitieron a compradores de paja “introducir” ilegalmente armas en México, con la esperanza de rastrearlas hasta los cárteles.
El plan terminó en la ignominia, ya que los agentes perdieron el rastro, y las armas fueron encontradas en docenas de escenas de asesinatos, incluyendo el del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry, asesinado en 2010. Además, la acción judicial de México puede tener fundamento: la edición especial de la pistola Emiliano Zapata de Colt está claramente dirigida a aquellos que esperan convertirse en protagonistas del próximo narcocorrido.
Y aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda por su cuenta, es posible que EU apruebe discretamente la medida. Especialmente desde el asesinato de 26 niños en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, el presidente Joe Biden ha sido un firme defensor de regular quién puede comprar qué tipo de armas.
