Movimiento Ciudadano propone sesionar en línea, vigilar a ediles, y supervisar la repartición de dinero que realiza el Gobierno del Estado.
Mérida, Yucatán, 08 de abril de 2020.- Ante la contingencia sanitaria, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano exhortó urgentemente al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que convoque a una reunión lo más pronto posible, y construyan un plan de trabajo ante la emergencia de salud que podría empeorar en próximas semanas.
En ese sentido, la diputada Silvia América López Escoffié explicó la necesidad de sesionar en línea, de vigilar a los ediles para que no se extralimiten de sus funciones durante la emergencia sanitaria, y de crear un órgano que supervise la repartición de dinero que realiza el Gobierno del Estado.
“Estamos a punto de vivir una de las peores crisis en Yucatán, y por ello debemos tener un plan definido como Recinto Legislativo”, puntualizó.
Recordó que el Congreso del Estado debe garantizar el buen desempeño de los funcionarios locales ante las denuncias realizadas por organismos defensores de derechos humanos que afirman que los ediles se han extralimitado de sus funciones.
En cuanto a sesionar en línea, la legisladora Milagros Romero Bastarrachea aseveró en su intervención que no hay nada en la Constitución Política del Estado de Yucatán que impida realizarlo, y que aún están a tiempo, antes de entrar a la Fase III del Covid-19.
“Solo se requiere de voluntad para aprobarlo, vivimos en el Siglo XXI y estamos ante una pandemia, tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor, y así dejar de ser un Congreso arcaico y lento”, especificó.
Aseveró que a través de una plataforma digital no solo cumplirían con la agenda legislativa en los tiempos que marca la ley, sino que evitarán poner en riesgo las vidas de las personas que asisten al Recinto Legislativo.
Asimismo argumentó que se requiere vigilar a los titulares de los ayuntamientos, que en su afán de prevenir transmisiones de Covid-19, podrían estar tomando decisiones anticonstitucionales y violando garantías individuales de la ciudadanía.
