En relación con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a la elección de las cuatro nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informa que:
Desde el primer día de esta Legislatura se ha estado legislando a favor de la paridad. Para este órgano del Estado, la paridad siempre ha sido y será un mandato jurídico y una convicción política. Hoy esta Cámara de Diputados está integrada por 250 mujeres y 250 hombres, siendo la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Durante el proceso de presentación, discusión y aprobación de la convocatoria pública para la elección de consejerías electorales se ha privilegiado el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en dicho órgano de gobierno, mismo que se ha expresado en las votaciones del Pleno legislativo.
Con motivo de la sentencia del TEPJF de diciembre pasado, a pesar de que se consideró que la resolución es una intervención injustificada, se acordó que corresponde al Pleno, como máxima autoridad en la Cámara de Diputados, en el período ordinario de sesiones que inició el 1º de febrero, modificar la convocatoria con el consecuente ajuste a la baja de los días del proceso en todas sus etapas, esto es, el registro, la evaluación, la selección y la elección de las personas aspirantes.
El 27 de febrero el TEPJF notifica una nueva sentencia que otra vez modifica la misma convocatoria pública, lo que ha provocado que se altere el principio de certeza consagrado en el artículo 41 constitucional. El TEPJF debiendo observar dicho principio, en su lugar emite sentencias imposibles de cumplir porque el TEPJF no tiene facultades para intervenir en el proceso de convocatoria pública que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, además de que sus resoluciones son extemporáneas y contradictorias.
Por razón de lo anterior, las coordinaciones de los grupos parlamentarios nos hemos vuelto a reunir el día de hoy para refrendar que la modificación de las reglas de elección decididas por mayoría en el TEPJF y notificadas 11 días después del primer registro de personas aspirantes, es una afectación significativa a los derechos de 664 ciudadanas y ciudadanos que con convicción democrática, buena fe y libertad acudieron desde el pasado 16 de febrero para inscribirse en la convocatoria pública más amplia desde la existencia autónoma de la autoridad electoral federal y nacional.
Por ello, porque la certeza y certidumbre jurídica es fundamental en el sistema constitucional mexicano, la Jucopo manifiesta que en la ruta para el desahogo de las más recientes sentencias del TEPJF y las que eventualmente puedan llegar, esta representación popular va a defender los derechos de las personas aspirantes a ser tratados con igualdad y la misma consideración por la diversidad que representan, así como la competencia y soberanía de la Cámara de Diputados.
En la Jucopo hay coincidencia en que el TEPJF excede sus facultades e invade las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados y considera que se van a preparar una serie de cuestionamientos dirigidos al TEPJF para que de manera pública aclare el sentido y la coherencia de sus sentencias.
