• La diputada Corona Nakamura (PVEM) propone adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor
• Ayudaría a identificar y evitar aumentos indiscriminados, así como prácticas monopólicas o abusivas
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) planteó facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a aplicar un programa permanente de vigilancia de precios de los productos que integran la canasta básica al consumidor final, para identificar, erradicar y evitar aumentos indiscriminados o injustificados de precios o la ejecución de prácticas comerciales monopólicas o abusivas.
En una iniciativa que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, expone que la finalidad es identificar y sancionar situaciones como las vividas en la pandemia ante el aumento desproporcionado e injustificado de precios de productos y alimentos al consumidor final, los cuales han generado presiones inflacionarias.
Un ejemplo, añade, pasó con el limón que, de acuerdo con reportes oficiales, a finales de 2021 e inicios de 2022 comerciantes intermediarios lo adquirían de los productores a un precio promedio de 44 pesos y lo vendían a las familias mexicanas a 80 pesos el kilo, “esto sin una razón justificada o algún motivo en particular que explicara este aumento desconsiderado y desproporcionado”.
Corona Nakamura argumenta que, así como pasó con el limón, también sucedió con muchos alimentos y productos de la canasta básica, perjudicando, no solo la capacidad para adquirirlos sino también a los pequeños comerciantes que vieron trastocado su margen de ganancia y, finalmente, a la economía en su conjunto.
“La manipulación nociva e injustificada de precios de muchos productos de la canasta básica es una práctica muy común por parte de intermediarios en épocas de estabilidad económica, pero de mayor incidencia en temporadas de fluctuaciones”, afirma.
Relata que, si bien las autoridades están al tanto y, valiéndose de sus herramientas y facultades disponibles, tratan de contrarrestar o subsanar este tipo de problemas; “la realidad es que no tienen la capacidad inmediata ni las facultades para incidir de manera directa en contra de esta práctica nociva, ni para castigar a quien incurra en ella, o bien para recibir y canalizar las denuncias de las familias mexicanas perjudicadas”.
Por ello, añade, es pertinente y urgente reformar la ley para involucrar en esta lucha en contra de estas prácticas nocivas, al organismo que sí tiene las facultades, el personal y la infraestructura para reaccionar de manera inmediata en su identificación, prevención, sanción y erradicación, como es la Profeco.
Con la reforma remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, subraya, se le faculta y obliga a la Profeco para proteger, vigilar y blindar los precios de los productos de la canasta básica, con el fin de que se mantengan en márgenes adecuados.
También, expone, se manda un mensaje “a las familias y a los comerciantes, que gobierno y sociedad estaremos atentos para denunciar, perseguir, sancionar y erradicar esas malas prácticas y poder así mantener la estabilidad económica”.
