La prohibición comercial generará desempleo, informalidad, corrupción y más pobreza.
De 5 pesos recaudados por IEPS calórico, solo un peso se destina a prevenir la salud en el país.
Solo con educación, información y campañas de persuasión en positivo y, desde luego, elevando el poder adquisitivo de la gente podremos formar una nueva ciudadanía con hábitos de consumo saludables.
No se puede brindar protección a los vulnerables desde una prohibición.
Ciudad de México a 25 de agosto de 2020.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) registra que en la actualidad el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Sevicios) calórico equivale al cobro de 1.20 pesos por litro de bebida azucarada y un 8% adicional a los precios de los productos de alto contenido calórico.
Además detalla que en lo que va de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recaudado 24,500 millones de pesos y a los programas de prevención para la salud solo ha destinado un 20%.
Esto significa que de 5 pesos recaudados, solo un peso ha destinado a la prevención, lo que demuestra que este impuesto para lo que realmente está destinado es para solventar el gasto corriente gubernamental.
“El IEPS resultó ser una herramienta de recaudación eficaz. Desde su aplicación a las bebidas alcohólicas, gasolinas y cigarros en 2014, cuando esta máquina recaudatoria amplió su cobro a los productos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, el gobierno encontró una fuente bastante inagotable de recursos frescos sustraídos directamente de los bolsillos y monederos de los consumidores. El IEPS no significa otra cosa que recaudación garantizada”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Con la prohibición comercial, el mensaje que se manda es que las muertes y contagios que provoca el Covid-19 es responsabilidad de la población por sus malos hábitos alimenticios, por consumir en exceso estos productos y por el hecho de tener enfermedades preexistentes como sobrepeso y diabetes.
Entonces, la prohibición se vuelve la coartada perfecta para hacerle sentir a la población que es responsable de los estragos de la pandemia y que el gobierno ha hecho lo que ha podido para salvar la situación. Con todo esto la autoridad busca lavarse las manos del cuestionado manejo que ha dado a la amenaza del covid-19.
“La autoridad también busca establecer con esta prohibición el móvil del crimen y lo ha encontrado en el consumo excesivo de papitas, dulces y refrescos. No conforme con toda esta elucubración cierran su círculo perverso buscando elevar el cobro del IEPS a estos productos de 1.20 pesos a los refrescos a $5 pesos por litro y del 8% al 25% a los productos de alto contenido calórico, cantidades que terminarán pagando los consumidores”, detalló Cuauhtémoc Rivera.
El discurso formal del Gobierno es que esta elevación pretende desanimar el consumo, pero ellos de antemano saben perfectamente que la huella cultural de este consumo de estos productos en la población es muy profunda, por lo que los consumidores terminan por asumir y pagar este incremento, además de cargar con la culpa. Al final del día, las alforjas de la Hacienda Pública se ensancharán y se verán colmadas, producto de este asalto en despoblado que se tiene planeado cometer contra los consumidores mexicanos y, en el colmo de la desvergüenza, buscan quedar con las manos limpias de todo esto.
Por ello la finalidad oculta de la prohibición comercial es elevar la recaudación, quitarse la responsabilidad del mal manejo de la emergencia sanitaria y sus funestos resultados y responsabilizar a la población y a sus malos hábitos alimenticios de lo ocurrido.
Resulta indudable y exquisita esta cínica perversión.
