El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para dar certeza del resguardo y destino del dinero efectivo que se asegure al crimen organizado.
“No más discusiones de dónde quedó el dinero, con esto podemos dar la certeza para que el dinero en efectivo tenga un destino verificable y cuantificable”, explicó.
En el texto, el senador detalla que el Código Nacional de Procedimientos Penales no ofrece certeza a los funcionarios que tienen el primer contacto con el dinero producto de hechos delictivos, por lo que se necesitan establecer obligaciones para que se aseguren desde el momento en que se localizan y hasta que llegan a manos de la autoridad facultada para resguardarlos y administrarlos.
Cabe destacar que por la naturaleza de las organizaciones que cometen delitos de manera organizada, ya sea producto del narcotráfico o de actos de corrupción, existe un peligro latente para las autoridades que localicen estos bienes, por lo que, el texto presentado en la Comisión Permanente del Congreso, señala la necesidad de que debe de existir un procedimiento eficaz que asegure su custodia.
Por ello, la iniciativa adiciona dos párrafos al artículo 228 Código Nacional de Procedimientos Penales para que la cadena de custodia se efectiva desde la localización, a manera de que se preserven y dispongan en la forma en que fueran encontrados.
“En consecuencia, se propone que las autoridades que localicen indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos delictivos deberán, tomar fotografías de los mismos, o bien videograbarlos, así como describir en las actas correspondientes su cantidad, peso y volumen”, detalla el documento.
Además, plantea adicionar al artículo 235 medidas específicas para el aseguramiento de monedas, billetes y divisas, y garantizar que queden a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y se mantenga un registro fidedigno de lo asegurado.
El senador por Yucatán, recordó que desde el mes de junio presentó un
Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);
su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la
República (FGR), informen sobre el destino de los recursos y bienes asegurados
a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, toda vez que existen declaraciones e
información periodística que dan cuenta de que las autoridades habrían
detectado operaciones por más de cinco mil millones de pesos producto de las
actividades ilícitas de la organización que encabeza.
