- Las Mipymes no tendrían apoyo en 16 delegaciones del país en contra de actos recaudatorios indebidos.
- La disposición es ilegal, y el decreto de austeridad señala la excepción a dependencias de procuración de justicia y defensa de Derechos Humanos.
Ciudad de México, a 7 de junio de 2020.- La reducción del 75 por ciento en el presupuesto de gastos de operación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), equivalente a 186 millones 89 mil pesos, dejará en indefensión jurídica a miles de pequeños contribuyentes de diversos sectores de la economía, los cuales por su misma condición no cuentan con los recursos para pagar asesorías de contadores, abogado o despachos especializados.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos advirtió que reducir la operatividad de ese organismo a partir del próximo mes de julio se reflejará en el cierre de 16 delegaciones del país, además de que es un acto ilegal.
Puntualizó que el presupuesto de Prodecon por mandato de ley no puede modificarse una vez aprobado y mucho menos reducirse, ya que tiene autonomía e independencia técnica y operativa, para elaborar su propio presupuesto, el cual es incorporado al que presente la Secretaría de Hacienda (SH) al Congreso.
Con esta reducción presupuestal, precisó, la Prodecon limitará su capacidad operativa y su función primordial, por la que fue creada, que es dotar a los contribuyentes de menores ingresos de seguridad jurídica, y evitar la discrecionalidad e incluso arbitrariedades de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades.
“Ante la complejidad del sistema tributario en México, la interpretación y aplicación subjetiva de las autoridades fiscales sobre las obligaciones de los ciudadanos, el Poder Legislativo el 5 de enero de 2004 adicionó el artículo 18-B en el Código Fiscal de la Federación, para establecer que la protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”.
Esta Reforma, apuntó, incorpora un mecanismo alternativo de solución de controversias que ha permitido resolverlas en un espacio de legalidad.
Por ello, señaló, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría vigente hoy en día se establece claramente que: “En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior”.
Al tratarse de un organismo de equilibrio que vela por los derechos de los ciudadanos que contribuyen al gasto público nacional resulta vital que la estructura que durante años se construyó se mantenga en México, precisó.
El dirigente empresarial consideró esa decisión como un duro golpe para los sectores más vulnerables que pagan impuestos porque ya no tendrán un organismo que los asesore u defienda de manera gratuita en contra de autoridades recaudatorias.
“No estamos en contra de la llamada austeridad administrativa, sino de que se limiten las acciones de organismos que la Ley procura para ayudar a los pequeños contribuyentes, porque atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia que promueve y difunde el propio gobierno de la República”, acentuó.
López Campos subrayó que no otorgar ese derecho a los pequeños contribuyentes es similar a dejar a las personas sin defensoría jurídica de oficio, lo que afectará a miles de ciudadanos, que tendrán que pagar una representación en los casos de abuso, y de no contar con los recursos para ello serán afectadas por actos de autoridades recaudatorias.
El gobierno federal, asentó, nuevamente les carga la mano a los contribuyentes, pues las reducciones en gastos de operación en diversas dependencias y organismos autónomos no significará un ahorro para el país, más bien es una reorientación de ese dinero, pues será utilizado para cumplir el desarrollo de proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, apuntó.
Y finalizó señalando: “Esperamos que se reconsidere esa decisión, se mantenga la estructura y la operación eficiente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se respete su autonomía y se fortalezca la impartición de justicia en apego a los derechos humanos de los mexicanos”.
