La información en torno al Tren Mayase mantendrá en secrecía por ser tema de seguridad nacional, aseguró Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en entrevista con medios al salir de Palacio Nacional.
Al titular de la política interior se le cuestionó si con la declaratoria de seguridad nacional la obra quedaba en responsabilidad de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, expresó “yo no tengo conocimiento de ello, hay que ver el acuerdo”.
Se le precisó que dicho acuerdo no es público, a lo que respondió: “Ya lo será”.
“Además no puedo hablar, estamos obligados a la secrecía”, agregó.
A través del Consejo Nacional de Seguridad, el Gobierno federal declaró el Tren Maya como obra de seguridad nacional tras sumar tres meses con obras detenidas en el Tramo 5 debido a la suspensiones definitivas giradas por el Juzgado Primero de Yucatán; las resoluciones de dicho consejo pueden ser no públicas, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional.
Durante esta tarde, y tras la revocación de dichas suspensiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una reunión privada en Palacio Nacional sobre el Tren Maya.
En ésta estuvieron presentes Javier May, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur); Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública; Jorge Mendoza, director general de Banobras; Ricardo Vallejo, comandanta del Agrupamiento de Ingenieros de la Sedena; Guadalupe Philips, directora de ICA; Daniel Chávez, asesor honorario para el Tren Maya y dueño de Grupo Vidanta.
Asimismo, se informó que este jueves, un juez admitió la ampliación de la demanda de amparo promovida por Greenpeace México contra el Tramo 5 sur del Tren Maya, esto por considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional es inconstitucional.
El grupo ambientalista detalló que las solicitudes hechas a la autoridad se basan en el incumplimiento de los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú).
FUENTE: INFOBAE
