Mérida, Yucatán a 2 de junio de 2026. La llegada de una nueva titular a la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Yucatán debería marcar una nueva etapa para la institución. Sin embargo, en los hechos, surgen cada vez más dudas sobre quién ejerce realmente el control político y operativo del organismo en el estado.
Diversas voces al interior y exterior del instituto señalan que las decisiones estratégicas continúan pasando por la influencia de antiguos actores políticos vinculados a la estructura nacional del INPI, particularmente alrededor de la figura de Guillermo May Correa, quien aparentemente mantiene capacidad de decisión sobre nombramientos, permanencias y operación territorial.
Si esto es cierto, cabe preguntarse: ¿la representación estatal tiene autonomía para conducir los trabajos del instituto o responde a intereses y acuerdos construidos fuera de Yucatán?
Las interrogantes también alcanzan a algunos de los responsables de los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son los principales logros obtenidos en los últimos años por José Lino Abel Ruiz Palma en Sotuta? ¿Qué indicadores respaldan la continuidad de María de la Luz May Chi en Valladolid? ¿Qué resultados concretos pueden presentarse en materia de desarrollo comunitario, fortalecimiento cultural, gestión de proyectos o atención a las comunidades mayas?
La permanencia de funcionarios durante varios años debe estar acompañada de resultados medibles y transparentes. Las comunidades indígenas merecen conocer qué avances se han alcanzado y cuáles son las metas pendientes.
Otro tema que genera preocupación es la reciente invitación a profesionistas para la elaboración de proyectos productivos y comunitarios. La participación de especialistas siempre es bienvenida; sin embargo, comunidades y promotores han expresado inquietud por la reincorporación de personas que participaron en administraciones anteriores vinculadas al PAN y al PRI, algunas de ellas señaladas públicamente en distintos momentos por presuntas irregularidades o malos manejos.
Particularmente en la región de Valladolid, existen denuncias de que promotores institucionales estarían ejerciendo presión sobre grupos comunitarios para contratar determinados proyectistas, incluso cuando las propias comunidades ya eligieron y contrataron, en ejercicio de su autonomía y libre determinación, a los profesionistas encargados de formular sus proyectos.
De manera específica, diversos testimonios señalan a una promotora identificada como Alicia, quien presuntamente impulsa la contratación de Luis Manzanero como proyectista, aun cuando los trabajos ya fueron desarrollados por otros profesionales seleccionados por las propias comunidades.
Si estas denuncias son falsas, el INPI debe aclararlo públicamente. Si son ciertas, se estaría vulnerando el derecho de las comunidades indígenas a decidir libremente sobre los procesos de gestión y ejecución de sus proyectos.
La pregunta de fondo permanece: ¿está el INPI trabajando para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas o para reconstruir redes de control político y administrativo alrededor de grupos específicos?
Las comunidades mayas de Yucatán merecen respuestas claras, transparencia absoluta y una institución que responda a sus intereses, no a los de quienes buscan conservar cuotas de poder.
