El gobierno del presidente Joe Biden inició el viernes un segundo intento para acabar con un programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos, aunque también reafirmó un compromiso para restablecerlo de conformidad con una orden judicial.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “Permanecer en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara “de buena fe”, mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su terminación.
El gobierno estadounidense dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de protección al migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que se mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.
Algunos de los aliados pro inmigración más reconocidos del gobierno señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión del viernes demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan, y hacen notar la investigación invertida para producir el memorándum de 39 páginas.
Muchos grupos de asesoría legal afincados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que los migrantes tengan mejor acceso a asesoría. Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.
Aproximadamente 70 mil solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.
Los cruces ilegales disminuyeron drásticamente luego de que México, enfrentando la amenaza de Trump de imponerle altos aranceles, aceptó en 2019 la expansión de la política. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de hechos violentos mientras esperaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos legales, tales como falta de acceso a abogados y de información sobre sus casos.
Mayorkas dijo el viernes que su segunda revisión presumía que la política causó una caída significativa en los cruces fronterizos, lo que representa el mayor argumento para mantenerla. Aun así, dijo que esos beneficios no pesan más que los costos en términos de las relaciones con México, recursos y riesgos asociados con la exposición a violencia mientras esperan en ciudades fronterizas mexicanas.
“Existen problemas inherentes con el programa que ninguna cantidad de recursos va a corregir suficientemente”, escribió. “Otros no pueden ser resueltos sin desviarse de prioridades clave del gobierno y soluciones más duraderas”.
Un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones del 5to circuito tiene programado escuchar los argumentos el martes en una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri. Se espera que el gobierno pida que esa causa sea regresada al juez federal Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, que en agosto ordenó que la política fuese reinstaurada. Kacsmaryk fue nombrado por Trump.
El gobierno está reconstruyendo campamentos en las ciudades fronterizas de Laredo y Brownsville, en Texas, para lidiar con los casos de “Permanecer en México”.
La reimplementación de la política y otras medidas recientes de vigilancia fronteriza han puesto a prueba las relaciones históricamente sólidas del gobierno con grupos partidarios de la inmigración. En protesta, varios activistas pusieron fin abruptamente el sábado por la mañana a una llamada telefónica con funcionarios de la Casa Blanca para hablar sobre “Permanecer en México”.
En general, los activistas recibieron con beneplácito la iniciativa renovada del gobierno.
El senador federal demócrata Bob Menendez dijo estar esperanzado de que atienda las impugnaciones legales y ponga fin a una política que consideró está “diseñada intencionalmente para castigar y desalentar a los refugiados de buscar legalmente ponerse a salvo en Estados Unidos”.
