Diputado Óscar Brito propone reformar la ley para castigar la apropiación ilegal de playas y bienes nacionales

Política

Ciudad de México a 16 de julio de 2026. Ante el incremento de casos en los que particulares restringen el acceso a playas y otros espacios públicos, el diputado federal por Mérida, Óscar Brito, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Bienes Nacionales con el propósito de sancionar a quienes impidan el libre tránsito o se apropien de bienes que pertenecen a la Nación.

La propuesta busca fortalecer el marco jurídico para garantizar que las playas mexicanas continúen siendo de acceso público y establecer sanciones para las personas que bloqueen o limiten su uso, una problemática que, de acuerdo con el legislador, se ha agudizado en zonas con alto desarrollo turístico e inmobiliario.

Durante la presentación de la iniciativa, Brito señaló que miles de familias visitan las playas del país, particularmente en temporadas vacacionales, pero en muchos casos encuentran cercados, barreras o restricciones impuestas por propietarios de inmuebles ubicados frente al mar, quienes impiden el paso hacia espacios que legalmente son bienes de uso común.

«Las playas y los sitios históricos son patrimonio de todas y todos los mexicanos. Nadie puede apropiarse de ellos ni impedir que la ciudadanía los disfrute», afirmó el legislador, al explicar que la reforma contempla penas para quienes reincidan en este tipo de conductas.

El diputado recordó que la Constitución establece que las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional pertenecen originariamente a la Nación y que, aunque existe la propiedad privada, ésta no puede vulnerar el derecho colectivo sobre los bienes nacionales.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales, ordenamiento que regula la administración y protección del patrimonio federal, incluyendo playas, ríos, carreteras, monumentos históricos y otros bienes de uso común.

Con esta propuesta, el legislador busca cerrar vacíos legales que han permitido la ocupación irregular de espacios públicos y reforzar el derecho de la ciudadanía al libre acceso y disfrute de las playas mexicanas, especialmente en entidades con fuerte actividad turística como Yucatán.

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