Mérida, Yucatán a 09 de diciembre de 2021.- Con calificaciones al alza en diversos rubros, la Fiscalía General del Estado de Yucatán se mantuvo en el segundo lugar nacional en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2020 que realiza la organización Impunidad Cero, con lo que continúa entre las mejores instituciones de procuración de justicia de todo el país.
Con una puntuación total de 68.4 puntos, superando la de 64.7 obtenida en la evaluación presentada el año pasado, la dependencia fue evaluada con base en nueve indicadores agrupados en tres temáticas: estructura, operación y resultados, en los que se observan porcentajes positivos, toda vez que la media nacional es de 46.48 por ciento, lo que refrenda el citado segundo lugar.
En el rubro de efectividad, la Fiscalía yucateca registró 26.8 por ciento, superando el 15.3 por ciento de la evaluación presentada el año pasado, con lo que se ubica entre las primeras cinco instituciones de todo el país en ese renglón. Cabe señalar que la media nacional es de 15.5 por ciento.
De acuerdo a la organización que evalúa a las Fiscalías de todo el país, Yucatán ocupa el primer lugar nacional en el cumplimiento de órdenes de aprehensión con (71 por ciento), seguido de Sonora (70.9) y Tlaxcala (70.8 por ciento), con lo que se erigen como las tres principales en torno al tema.
Otro rubro destacado es el de los homicidios dolosos, en donde Yucatán resuelve el 75.8 por ciento, seguido de Nuevo León con 64.1 por ciento y Aguascalientes con el 57.8 por ciento, de acuerdo con la citada evaluación.
Fue Nuevo León con 19.6 por ciento, seguido de Aguascalientes con 19.4 por ciento, Yucatán con 18.4 y Zacatecas con 16.3 los que encabezan el rubro de “mucha confianza en el ministerio público” conforme a lo respondido por los encuestados por parte del INEGI.
Cabe señalar que los resultados presentados corresponden a la evaluación del 2020 que la citada organización presenta cada año, con lo que se confirman los esfuerzos de la presente administración y el Gobierno del Estado en materia de procuración de justicia en favor de los ciudadanos.
