La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como sus capacidades de respuesta ante una crisis sin precedentes.

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En el marco de esta pandemia, el 23 de abril de 2020, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que propone:

  1. Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”; y
  • Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Como Diputada Federal de Yucatán del Grupo Parlamentario del PRI, No apoyaré esta propuesta del Ejecutivo Federal por ser una iniciativa innecesaria, debido a que las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del Presupuesto, además busca legitimar acciones inconstitucionales y promueve la opacidad en el manejo y aplicación de los recursos económicos.

Atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Por otra parte, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios.

Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental.

En la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación.

Insistimos, una vez más, en que es urgente un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía. Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas.

Es por ello que NO apoyare la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.

México necesita que los Poderes de la Unión, junto con la sociedad a la que servimos, trabajemos con base en el diálogo constructivo y propositivo para hacer frente a los grandes retos que ha develado esta pandemia. Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige. Nuestro objetivo común debe ser enfrentar esta crisis sanitaria y económica con unidad, inteligencia, responsabilidad y colaboración.

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