LXII Legislatura aprueba dictámenes en materia de protección a periodistas y ciberacoso

Congreso del Estado

En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad modificar y adicionar el artículo X del artículo 74 del Código Penal del Estado, en materia de delitos contra periodistas, con el objetivo incluir agravantes para los delitos cometidos en contra de periodistas; al igual que avalaron otro dictamen para tipificar el Ciberacoso en la misma norma.

Además, las siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad otorgar el Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo” a la doctora Piedad Peniche Rivero, por su trabajo de investigación de la histórica lucha de las mujeres en Yucatán y en el país, que será entregado en la próxima sesión solemne el 8 de marzo del año en curso, en el marco del Día de la Mujer.

En materia de aumento de sanciones por delitos cometidos en contra de periodistas, Luis Borjas Romero (PRI) dijo que la libertad de expresión es una pieza clave para el desarrollo democrático de una sociedad, ya que permite promover la libertad en la manifestación de las ideas, por lo que los diputados están obligados a rechazar todo tipo de censura, evitar las limitaciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión y las nuevas plataformas tecnológicas.

“Aumentará la pena hasta el doble cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia”, aseveró.

Con respecto al tema de Ciberacoso, Borjas Romero, mencionó que se adiciona al Código Penal los delitos cibernéticos, con el propósito de regular el uso de las técnicas de la información y la comunicación (TIC), así como coadyuvar en la prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia, con el fin de promover la cultura de la denuncia en la entidad.

Informó, que este delito se castigará con penas de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 200 días-multa y cuando la víctima sea un menor de 18 años de edad, la pena y la sanción establecida se aumentarán hasta en una mitad.

A su vez, la promovente de la iniciativa, Paulina Viana Gómez (PAN), señaló que vivimos en la era digital, que ha permitido la facilidad de comunicarnos unos con otros sin importar la distancia, la difusión inmediata de ideas y el acceso oportuno a la información; sin embargo, su uso desmedido no está exento de peligros y riesgos malintencionados.

“Es una realidad que como legisladores, nos corresponde entender y atender, para que con base en normas acordes con los tiempos, pueda haber una regulación que proteja la dignidad, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las personas”, expresó.

En temas similares, Milagros Romero Bastarrachea (MC) lamentó la decisión del Ejecutivo estatal de realizar un paro de labores en educación básica con motivo del movimiento “Un Día Sin Mujeres”, el próximo 9 de marzo, porque “con esta acción nos queda claro que el gobierno y quien lo encabeza no acaba de entender de qué se trata este movimiento”.

Añadió, que es un día de resistencia civil de las mujeres en el país, por lo que “no necesitamos que nos den permiso de faltar”.

Así mismo, Romero Bastarrachea entregó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, para homologar las leyes estatales con las federales, para contar con mayores penas para los agresores de las mujeres y mandar el mensaje de que en Yucatán “no se tolerará un atropello más contra el género femenino”, al igual que aumentar las sanciones en materia de abuso sexual.

Por otro lado, Luis Borjas presentó una Iniciativa por el que se modifica diversos ordenamientos a la misma norma, en materia de la creación del Registro de Deudores Alimentarios de Yucatán, que funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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