Con un llamado a las autoridades para que
cese la violencia contra las féminas en el país y la suma de la LXII
Legislatura al movimiento “Un Día sin Mujeres”, se llevó a cabo el
Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado (Codhey), correspondiente del primero de enero al 31
diciembre de 2019.
En la sesión ordinaria, donde entregó cuentas el ombudsperson, las siete
fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad dos proyectos de
dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código
Penal del Estado, el primero sobre la difusión de
imágenes de cadáveres en medios de comunicación, y el segundo, para
agravar sanciones en materia de abuso sexual.
Al inicio de la plenaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice
Escobedo Salazar (PRI) informó que la actual Legislatura de la paridad
de género, hizo un acuerdo para sumarse al movimiento “Un Día sin
Mujeres”, por lo que las empleadas del Congreso estatal
que quieran participar a este acto el próximo 9 de marzo, tendrán
garantizado su pago correspondiente al día, cuyo oficio de notificación
se giró desde la semana pasada.
De la misma forma, la diputada hizo un llamado a la sociedad en general a
poner un alto a los feminicidios o cualquier otra expresión de
violencia hacia la mujer, “que es una pandemia que urge erradicar”, por
lo que los legisladores tienen el compromiso de
hacer todo lo necesario para que, desde lo local, cambie esta mala
conducta que mancha al país.
“Que este sea un llamado a toda la sociedad para que juntos abonemos
esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria,
el nueve nadie se mueve”, recalcó.
Haciendo uso de la tribuna, María Moisés Escalante (PRI) también hizo un
llamado para que los diputados federales de la fracción de Morena
reasignen los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas
destinados a la mujer para el ejercicio 2021.
Añadió, que además se hagan las reformas necesarias para que se
homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades del país y
para que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas,
adolescentes y mujeres.
Ante la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila
Heredia; el presidente de la Codhey, Miguel Oscar Sabido Santana,
reiteró el llamado a las autoridades a investigar las causas
que originan estos actos y los delitos cometidos contra mujeres, en
aras de que prevalezca la prevención y se reduzcan las expresiones
extremas de violencia que ponen en riesgo la integridad física y la vida
de muchas mujeres.
Ante autoridades municipales, estatales y federales, el ombudsperson
yucateco expresó que se debe entender que la violencia que se ejerce en
contra de la mujer, el enemigo a vencer no es la violencia en sí misma,
si no las causas estructurales que la motivan,
como son: la prevalencia de estilos de crianza machista, la falta de
oportunidades educativas para niñas y mujeres, la reproducción de
estereotipos de género sexistas que denigran a la mujer, entre otras.
“En la medida que se haga justicia, se castigue a los agresores y se
repare integralmente a las víctimas, podremos garantizar para las
mujeres su derecho a una vida libre de violencia”, enfatizó.
Por otro lado, Sabido Santana detalló que se emitieron 32
recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), así como a la Fiscalía General del Estado y que 239
servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados
por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos,
suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del
cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Agregó, que los hechos violatorios más recurrentes fueron: prestación
indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas;
robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o degradantes;
violación del derecho de los menores a que
protejan su integridad; violación a los derechos de los niños; y
retención ilegal.
Así como, continuó, las diez autoridades más señaladas por los quejosos
fueron: Secretaría de Seguridad Pública; Ayuntamiento de Kanasín;
Secretaría de Educación; Fiscalía General del Estado; Ayuntamiento de
Progreso; Secretaría de Salud de Yucatán; así como
lo ayuntamientos de Mérida, Motul, Muna y Umán.
Así mismo, el titular de la Codhey presentó un diagnóstico de las
condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles
públicas de los 106 municipios de la entidad, donde se observó que el
71% de los municipios no cumple con las condiciones mínimas
que deben prevalecer en los centros de detención.
En asuntos generales, Silvia López Escoffié (PAN) propuso realizar un
cambio al formato para el Informe Anual de la Codhey, “para que en el
estado se empiecen a respetar los derechos humanos y no se simule,
porque podemos hacer un esfuerzo y trabajar en conjunto
para que el próximo año realmente se informe”, porque no estaba
conforme con la presentación del ombudsperson yucateco.
En el mismo punto, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) dijo que habría que
hacer una revisión de los recursos públicos que se le otorga al
organismo, que en el año en cuestión recibió 36 millones de pesos, que
podría ser dirigido al trabajo coordinado con agrupaciones
y asociaciones civiles.
