LXII Legislatura y Codhey lanzan llamado para erradicar la violencia contra la mujer.

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Con un llamado a las autoridades para que cese la violencia contra las féminas en el país y la suma de la LXII Legislatura al movimiento “Un Día sin Mujeres”, se llevó a cabo el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), correspondiente del primero de enero al 31 diciembre de 2019.

En la sesión ordinaria, donde entregó cuentas el ombudsperson, las siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, el primero sobre la difusión de imágenes de cadáveres en medios de comunicación, y el segundo, para agravar sanciones en materia de abuso sexual.

Al inicio de la plenaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI) informó que la actual Legislatura de la paridad de género, hizo un acuerdo para sumarse al movimiento “Un Día sin Mujeres”, por lo que las empleadas del Congreso estatal que quieran participar a este acto el próximo 9 de marzo, tendrán garantizado su pago correspondiente al día, cuyo oficio de notificación se giró desde la semana pasada.

De la misma forma, la diputada hizo un llamado a la sociedad en general a poner un alto a los feminicidios o cualquier otra expresión de violencia hacia la mujer, “que es una pandemia que urge erradicar”, por lo que los legisladores tienen el compromiso de hacer todo lo necesario para que, desde lo local, cambie esta mala conducta que mancha al país.
“Que este sea un llamado a toda la sociedad para que juntos abonemos esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el nueve nadie se mueve”, recalcó.

Haciendo uso de la tribuna, María Moisés Escalante (PRI) también hizo un llamado para que los diputados federales de la fracción de Morena reasignen los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas destinados a la mujer para el ejercicio 2021.

Añadió, que además se hagan las reformas necesarias para que se homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades del país y para que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres.

Ante la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia; el presidente de la Codhey, Miguel Oscar Sabido Santana, reiteró el llamado a las autoridades a investigar las causas que originan estos actos y los delitos cometidos contra mujeres, en aras de que prevalezca la prevención y se reduzcan las expresiones extremas de violencia que ponen en riesgo la integridad física y la vida de muchas mujeres.

Ante autoridades municipales, estatales y federales, el ombudsperson yucateco expresó que se debe entender que la violencia que se ejerce en contra de la mujer, el enemigo a vencer no es la violencia en sí misma, si no las causas estructurales que la motivan, como son: la prevalencia de estilos de crianza machista, la falta de oportunidades educativas para niñas y mujeres, la reproducción de estereotipos de género sexistas que denigran a la mujer, entre otras.

“En la medida que se haga justicia, se castigue a los agresores y se repare integralmente a las víctimas, podremos garantizar para las mujeres su derecho a una vida libre de violencia”, enfatizó.

Por otro lado, Sabido Santana detalló que se emitieron 32 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como a la Fiscalía General del Estado y que 239 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Agregó, que los hechos violatorios más recurrentes fueron: prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad;  violación a los derechos de los niños; y retención ilegal.

Así como, continuó, las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública; Ayuntamiento de Kanasín; Secretaría de Educación; Fiscalía General del Estado; Ayuntamiento de Progreso; Secretaría de Salud de Yucatán; así como lo ayuntamientos de Mérida, Motul,  Muna y Umán.

Así mismo, el titular de la Codhey presentó un diagnóstico de las condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles públicas de los 106 municipios de la entidad, donde se observó que el 71% de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.

En asuntos generales, Silvia López Escoffié (PAN) propuso realizar un cambio al formato para el Informe Anual de la Codhey, “para que en el estado se empiecen a respetar los derechos humanos y no se simule, porque podemos hacer un esfuerzo y trabajar en conjunto para que el próximo año realmente se informe”, porque no estaba conforme con la presentación del ombudsperson yucateco.

En el mismo punto, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) dijo que habría que hacer una revisión de los recursos públicos que se le otorga al organismo, que en el año en cuestión recibió 36 millones de pesos, que podría ser dirigido al trabajo coordinado con agrupaciones y asociaciones civiles.

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