- Bancada Naranja defienden el patrimonio de Yucatán y el acceso a la salud de mujeres sin seguridad social
Mérida, Yucatán a 24 de julio de 2026. — Movimiento Ciudadano se manifestó en contra de la donación del Hospital Materno-Infantil de Yucatán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el argumento de que la entrega del inmueble atenta contra el patrimonio de las y los yucatecos y vulnera el derecho a la salud de la población no derechohabiente.
La representante ciudadana, Larissa Acosta Escalante, enfatizó que el hospital no es un terreno baldío ni una obra inconclusa, sino un centro de atención especializada plenamente operativo de más de 34 mil metros cuadrados.
La infraestructura representó una inversión estatal de $779 MDP y cuenta con equipamiento de alta tecnología como quirófanos, banco de sangre, unidades de anestesia, incubadoras y programas de atención especializada como el código mariposa para pérdidas gestacionales.
«Un hospital construido con los recursos de las y los yucatecos debe seguir siendo patrimonio de Yucatán y estar al servicio de su gente. La colaboración institucional no tendría por qué significar la pérdida definitiva de nuestros bienes; se puede coordinar e invertir sin regalar la propiedad», señaló.
Acosta Escalante, dijo que la postura se centra en el cambio de modelo de atención.; ya que actualmente, el Hospital Materno-Infantil atiende a mujeres y recién nacidos que no cuentan con seguridad social, quiénes al pasar al régimen del IMSS, el acceso quedaría condicionado únicamente a derechohabientes.
Esta restricción impactaría directamente a más de 330 mil mujeres que trabajan en la informalidad, comprometiendo además la atención oportuna durante los primeros mil días de vida, etapa crítica para el desarrollo cerebral, inmunológico y nutricional de la infancia.
Advirtió que la transferencia del inmueble a la Federación no debe ser utilizada como pretexto para reducir el presupuesto estatal de salud por lo que lo ideal es una reorientación presupuestal
“Los recursos que el Estado deje de destinar a la operación del hospital sean reorientados, para garantizar el abasto de medicamentos; fortalecer los centros de salud en los municipios; ampliar la cobertura para la población sin seguridad social”, detalló.
La postura fijada no busca oponerse a la participación e inversión del Gobierno Federal en el estado, sino defender un esquema alternativo basado en coordinación e inversión conjunta sin perder la propiedad del inmueble, así como garantizar el acceso universal permitiendo la atención de mujeres independientemente de su estatus de derechohabientes y desde luego mantener la protección integral a los servicios materno-infantiles y a los primeros mil días de vida.
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