Mérida, Yucatán, 10 de julio de 2026.- El proceso de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Yucatán, que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado y cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027, entró en su etapa de consolidación rumbo a una adecuada aplicación que contribuya a contar con procedimientos más ágiles, transparentes y orales.
Como parte de los primeros avances de esta nueva fase, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, realizó, mediante una reunión virtual, la declaratoria de nueva integración del Comité Local para el Seguimiento de la Implementación de este ordenamiento jurídico, cuya rectoría estará, a partir de hoy, a cargo del magistrado del TSJ Alan Hernández Conde.
El Comité está integrado por magistradas y magistrados del Tribunal, consejeras y consejeros de la Judicatura, personas juzgadoras de las materias Civil y Familiar, así como titulares de las diversas áreas administrativas y operativas del Poder Judicial del Estado.
Hay que recordar que, el mencionado Código Nacional representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional.
Al dirigir un mensaje, Hernández Conde destacó la importancia y trascendencia de una correcta implementación del Código Nacional en Yucatán, ya que representa un reto institucional que exige coordinación, diálogo, planeación y el esfuerzo conjunto de todas las áreas involucradas.
«Nos encontramos en una etapa decisiva; restan menos de nueve meses para consolidar los trabajos necesarios. Estoy convencido de que, con el compromiso de quienes integran este Comité y de todas las personas que han participado en este esfuerzo, podremos cumplir este importante objetivo», expresó.
De manera particular, el magistrado agradeció la dedicación y el profesionalismo de todas las personas involucradas, especialmente de la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, y de la magistrada María Carolina Canto Valdés, pues el trabajo realizado hasta ahora constituye una base sólida sobre la cual se continuará construyendo.
Durante la reunión virtual, el director de la Unidad de Planeación del Consejo de la Judicatura, Héctor López Martínez, realizó un recuento del trabajo realizado por este órgano técnico desde abril de 2024 y de las acciones desarrolladas a partir de septiembre de 2025 para optimizar tiempos, agilizar procesos y asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los compromisos.
En ese marco, Farfán Flores afirmó que, desde un principio, el trabajo de este órgano técnico ha estado orientado al cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional, tomando en consideración las bases de operación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).
Añadió que dichas bases establecen cinco ejes temáticos: sistema de gestión; capacitación y certificación de operadores; infraestructura física y tecnológica; criterios de asignación de recursos para la implementación, y normatividad y adecuación legislativa, adaptados al Poder Judicial del Estado, así como los estándares aprobados por la CONATRIB.
