Mérida, Yucatán, 3 de julio de 2019: En sesión ordinaria, la Mesa Directiva turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas cuyo objetivo será la implementación del sistema integral de seguridad electrónica denominado “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”, y modificar la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019.
Además, al mismo cuerpo colegiado, se turnó un oficio del Ayuntamiento de Acanceh, mediante el cual pide una partida extraordinaria por $639,613.10.
Igualmente, se envió a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología la iniciativa para incorporar un nuevo capítulo a la Ley de Educación, en materia de Educación Emocional, propuesta por la fracción de Movimiento Ciudadano; así mismo, a la comisión especial de Desarrollo Humano, se turnó la iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por Janice Escobedo Salazar (PRI).
Por último, se envió a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública un oficio suscrito por Alejandro Cuevas Mena (PRD), con el que remite el oficio número das/0907/2019, presentado por el Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, con el que envía la primera entrega del informe individual, correspondiente a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
En la plenaria, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad desaparecer el Sistema de Agua Potable de Tixkokob, así como por mayoría reformar la Ley de Ingresos de Sinanché, con el fin de modificar su tabla catastral, para cobrar el impuesto predial como lo hacía el año pasado.
Víctor Sánchez Roca (PAN), detalló que en el caso de Tixkokob, el contar con sistema de agua potable, requiere de activos y empleados que no pueden mantener; en el caso de Sinanché, es regresar los valores catastrales a como estaban en 2018, pero no representa un incremento.
También, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad desechar dos iniciativas, una para crear la Procuraduría Ambiental del Estado y la segunda, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, ambas de la pasada legislatura.
En asuntos generales, Kathia Bolio Pinelo (PAN) presentó una iniciativa para reformar el artículo 13 del Código Penal del Estado para quien cometa un delito grave, en especial por enriquecimiento ilícito, lleve su proceso sin libertad, es decir, en prisión preventiva.
En su turno, Mirthea Arjona Martín (PRI) también entregó una propuesta para modificar el artículo 348 del Código Penal, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa, por la que pretende imponer una sanción de seis a doce años de prisión a quien por medio de un incendio o explosión cause daño, independientemente de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos que resultaren cometidos.
De la misma manera, Luis Borjas Romero (PRI) presentó una iniciativa que modifica el Capítulo Tercero del Código Penal del Estado, en materia de delitos contra el medio ambiente, que propone establecer sanciones de 6 meses a 2 años de prisión a quien derribe uno o más árboles urbanos sin previa autorización emitida por la autoridad correspondiente.
Además, Silvia López Escoffié (MC) entregó una propuesta para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado, con el objetivo de garantizar el buen desempeño del servicio público de transporte en sus modalidades, otorgar a los municipios las facultades indeclinables de establecer las condiciones y medidas conducentes para que los servicios de transporte, así como regulación de los servicios de transporte público.
Por último, ante una publicación en un medio de comunicación, Milagros Romero Bastarrachea (MC) se pronunció para que los diputados continúen con sus responsabilidades en cada una de sus comisiones, porque los Congresos son escuelas de vida, donde se cultiva la paciencia, la prudencia, el diálogo, la generosidad y se combate la frustración, la ciudadanía merece la mejor disposición, eficiencia y eficacia.
En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz (PRI) indicó que se le ha dado cabal cumplimiento a las iniciativas, que tienen plazos determinados para su proceso, a diferencia de las que son returnadas, que no tienen límites de tiempo para retomar su análisis.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión para el próximo miércoles 10 de julio del año en curso a las 11 de la mañana.
Derechos Humanos
En comisión de Derechos Humanos, sus integrantes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado, presentada por Kathia Bolio Pinelo (PAN), quien mencionó que fue un trabajo en conjunto con el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con aportaciones de la sociedad civil para favorecer la inclusión en Yucatán.
Presente en la sesión, la directora del mencionado Instituto, María Teresa Vázquez Baqueiro, reconoció la labor de la comisión para concretar este producto legislativo, para pasar de un modelo asistencial a hacer trabajos de transversalización que permitan que cada una de las dependencias de gobierno, el sector privado y asociaciones civiles, puedan permitir la inclusión plena de las personas con discapacidad, con inclusión social plena.
La presidenta de la comisión, María Moisés Escalante, indicó que este cuerpo colegiado está consciente que la igualdad y equidad de los grupos vulnerables requieren una constante y continúa revisión de la normativa local para analizar que no sean discriminatorias y generen una situación de desigualdad sustancial, así como procurar el graduable y progresivo cumplimiento de los derechos humanos.
En asuntos generales, se distribuyó la iniciativa para modificar la Ley de la Juventud, presentada por Paulina Viana Gómez, y los diputados integrantes de la comisión tendrán hasta el lunes 8 de julio para presentar propuestas u observaciones.
