La LXII Legislatura aprobó por unanimidad las modificaciones al Código Penal del Estado, en materia de Delitos Informáticos, con sanciones de seis meses hasta dos años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.
En la sesión ordinaria de este miércoles, las siete fuerzas políticas también avalaron por unanimidad expedir la Ley de Mejora Regulatoria, en la cual se validó y valoró el Parlamento Abierto considerando las propuestas de cámaras empresariales y la sociedad civil, ejerciendo un análisis profundo del tema.
De la misma manera, con 15 votos, fue electa Janine Andrade Campos, como nueva integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), por un periodo de dos años.
Referente a los delitos informáticos, Luis Borjas Romero (PRI) señaló que el nuevo producto legislativo tiene el propósito de castigar las conductas que alteren o induzcan a la pérdida de información o intervenir las comunicaciones privadas; así como el robo de la información almacenada en equipos o sistemas informáticos protegidos.
“Se considera como delito informático la conducta humana ilícita que jurídicamente es reprobable; ya que busca dolosamente por una parte transgredir bienes jurídicos relacionados con la informática, en sus aspectos lógicos y físicos, y por otra atentar y limitar los derechos y libertades individuales fundamentales”, agregó.
En su turno, Paulina Viana Gómez (PAN) indicó que en la actualidad, los medios tecnológicos son ya una de las principales vías de la delincuencia para obtener ingresos de forma ilícita e información personal de los usuarios, afectando de esta forma el patrimonio que con mucho esfuerzo han construido los ciudadanos; al igual que se puede llegar a dañar la integridad física y emocional de las personas, pudiendo ser víctimas de delitos como trata de personas, abuso sexual, extorsión, acoso, fraude, robo, secuestro, entre otros.
«Estamos en la era digital, las maneras de delinquir han cambiado y seguirán haciéndolo, por lo que el marco jurídico de nuestro estado debe encontrarse siempre a la vanguardia, ser innovador, eficiente y con sanciones más severas, que afronten con toda seriedad las nuevas modalidades que se emplean hoy en día para cometer un delito”, expresó.
Con respecto a la Ley de Mejora Regulatoria, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) manifestó que la LXII Legislatura cumple con dotar al orden legal, una ley completa, consensada y óptima, para generar desarrollo tanto a nivel estatal como municipal, que se apega a las directrices de la norma general, privilegiando el parlamento abierto con propuestas de las cámaras empresariales y la ciudadanía.
“El objeto de contar con instrumentos congruentes y alineados permite un accionar conjunto, equilibrado, cuyos propósitos sean precisamente alcanzar la implementación de una política pública para perfeccionar toda regulación, en aras de una simplificación en trámites y servicios en forma integral, continua y permanente”, enfatizó.
Haciendo lo propio, Víctor Sánchez Roca (PAN) explicó que esta Ley contempla además un registro de regulaciones de acceso a las mismas, para que las personas físicas o morales puedan hacer todos sus trámites de pagos de derecho en una misma consulta, así como trabajar con un solo expediente para cada uno de ellos.
“Un gobierno eficiente es el que puede hacer perder menos tiempo a los ciudadanos”, mencionó.
Por otro lado, por mayoría del pleno, fue aprobado el punto de acuerdo propuesto por Luis Borjas, para exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, a través del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que las autoridades que fungen como enlace y representación de las Dependencias Federales en la Entidad, se limiten al actuar que señala la Ley Agraria, sin interferir en las decisiones que se lleven a cabo en las Asambleas Ejidales, ni confabularse con empresarios para la venta de tierras ejidales y mucho menos agitar a los núcleos disidentes para el desconocimiento de Autoridades Ejidales legalmente electas.
Y segundo, para exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, a través del Titular del Registro Agrario Nacional, para que los trámites y gestiones que realicen los Ejidos ante dicha dependencia se atiendan con la celeridad que ordenan las Leyes Agrarias y sin imponer condiciones fuera de la Ley.
En este tema, Silvia López Escoffié (MC) puntualizó que siempre estará a favor de los ejidatarios “pero en contra de legisladores gandallas”, porque ella sugirió la reunión con este sector en la sesión ordinaria pasada, pero cuando se llevó a cabo no fue convocada su fracción parlamentaria, por lo que “estamos a favor del punto de acuerdo pero estamos en contra de intereses ocultos”.
De la misma manera, con 13 votos en contra se desechó una propuesta de acuerdo presentada por Miguel Candila Noh (Morena) para que el Congreso del Estado exhorte al Senado de la República para que las comisiones unidas de reforma agraria, agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, con la de estudios legislativos segunda, inicien con el análisis, discusión y en su caso aprobación, de la iniciativa para expedir la Ley Federal Agraria y de la propuesta para expedir el Código de Procedimientos Agrarios.
También en asuntos generales, Lila Frías Castillo (PRI) solicitó a la Dirección del Isstey a respetar los derechos de los jubilados y pensionados, además de asumir los errores administrativos y la responsabilidad legal, sobre el caso de la reducción de prestaciones de los mencionados ex trabajadores al servicio del estado, para lo cual también adelantó que llamarán a comparecer a quienes así se considere para que den respuestas puntuales a la sociedad yucateca.
“Exigimos a la titular del Isstey se sirva dar respuesta pronta y expedita a los reclamos de los afectados, a fin de aclarar y resolver lo más pronto posible esta situación por demás apremiante, advertimos que estaremos atentos y seguiremos de cerca la evolución de este tema, no politicemos los derechos de los trabajadores”, recalcó.
En respuesta, Rosa Díaz Lizama (PAN) declaró que lo que sucede en el Isstey es un problema de años anteriores, porque a la actual administración le entregaron una institución quebrada, donde cada dos años cambiaron de titular, por lo que recordó que el pasado lunes, la fracción del PAN interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASEY), para solicitar investigue a titulares y funcionarios de dicha dependencia y de gobiernos anteriores.
“También le daremos seguimiento, porque ahora si queremos que el dinero vaya a su bolsillo y no al de los políticos, ser empático es fincar responsabilidades y asumir responsabilidades políticas”, reiteró.
En tribuna, Alejandro Cuevas Mena (PRD) presentó una iniciativa para reformar el artículo 235-A y 275-G de Ley de Salud del Estado, para permitir la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
De igual forma, Silvia López presentó una iniciativa para modificar el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, para que el orden del día de las sesiones ordinarias sea publicadas mínimo 24 horas antes de la hora de inicio, la síntesis del acta de sesiones anteriores del pleno y comisiones sean enviadas a los diputados 24 horas antes, y los proyectos de dictamen sean mandados a los legisladores cuando menos 48 horas antes.
En otros temas, Warnel May Escobar (PRI) lamentó la pérdida del músico yucateco Arturo González Castillo, quien falleció recientemente en un accidente vehicular, para lo cual solicitó un minuto de aplausos al pleno de los diputados y al público presente, para recordar a quien tocaba el rascabuche y el timbal.
Fátima Perera Salazar (Morena), acusó de un supuesto acto de nepotismo por parte del Ayuntamiento de Progreso, cuya denuncia del caso ya fue presentada ante la Contraloría del municipio de Progreso y “este Congreso no puede quedar callado y voltear hacia un lado en la perspectiva de demora negligente en la obligación del órgano de control del puerto”.
Milagros Romero Bastarrachea (MC), hizo un llamado a las autoridades estatales de transporte para visibilizar el tema de los mototaxis, que si bien “dicen que no existen, pero sí les cobran multas”, por lo que recordó que el reglamento en la materia sí los contempla.
En la plenaria del día, se turnó a la comisión de Puntos Constitucional y Gobernación, la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de suicidio, suscrita por Kathia Bolio Pinelo (PAN).
Así mismo, se envió dos iniciativas a la comisión especial de Turismo: una que reforma y adiciona diversos artículos y capítulos de la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, en materia de Turismo Gastronómico, signada por Warnel May Escobar (PRI); la segunda, que modifica la misma norma, en materia de la cultura turística del Estado, propuesta por Luis Borjas Romero (PRI).
